viernes. 19.04.2024

La colocación mañana de la primera piedra de la ciudad deportiva del Celta viene precedida de una polvareda política y judicial cuyo último episodio es una denuncia contra la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo (PP), y el presidente del club, Carlos Mouriño, por presunta prevaricación y cohecho.

 

La entidad denunciante, la comunidad de montes de Tameiga, esgrime que la firma de un convenio entre ayuntamiento y club y su posterior aprobación inicial en el pleno municipal podría ser constitutiva de un delito de prevaricación al "pretender asegurar la adjudicación del proyecto a favor" del Celta. Argumenta que el proceso para formalizar los convenios promovidos por personas no propietarias de los terrenos deberá contar con la participación en el procedimiento de al menos el 50% de los propietarios y que ostenten facultades dominicales sobre los terrenos.

 

El Celta ya ha anunciado que responderá con una querella contra esta comunidad de montes por denuncia falsa y otro tipo de irregularidades. Mientras, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha avanzado que ante "semejante barbaridad" está valorando con los servicios jurídicos de la casa emprender acciones legales contra este colectivo, con el que mantiene un largo enfrentamiento por la ciudad deportiva del Celta y por otros asuntos.

 

Uno de ellos es el envío de falsos recibos del agua en vísperas de las pasadas elecciones, que Arévalo saca ahora a colación para replicar a los denunciantes que "los que están en el juzgado investigados" por estos hechos son miembros de la directiva de esa comunidad de montes. La alcaldesa de Mos subraya que la ciudad deportiva del Celta está "avalada por la legalidad", y por si esto no bastara, añade que "el mayor referéndum sobre este tema" fueron las pasadas elecciones municipales, en las que su candidatura, que incluía este proyecto como su iniciativa estrella, obtuvo la mayoría absoluta.

 

Critica la politización de este asunto, y como ejemplo recuerda su reciente denuncia del patrocinio y apoyo económico por parte de la Diputación de Pontevedra, presidida por la socialista Carmela Silva, a un acto contra el "pelotazo" urbanístico para dar cabida en el ordenamiento territorial de Mos a la ciudad deportiva del Celta. Hace escasamente dos semanas el Parlamento de Galicia rechazó una proposición no de ley del Grupo Común da Esquerda contra esta modificación puntual del plan general que apoyaron todos los grupos de la Cámara salvo el PP, que gracias a su mayoría absoluta tumbó esta iniciativa.

 

Desde el Ayuntamiento de Vigo se presentaron alegaciones al proyecto, lo que provocó la respuesta airada del presidente del Celta, Carlos Mouriño, quien acusó al alcalde, el socialista Abel Caballero, de "dañar" la relación entre las instituciones y de forzar la salida del club de la ciudad olívica. Caballero, que casi nunca ha contestado públicamente a Mouriño, sí ha acusado en repetidas ocasiones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP), de pretender "llevarse" al club de Vigo a Mos.

Polvareda política y judicial en torno a la ciudad deportiva del Celta