jueves. 28.03.2024

La Fiscalía Provincial de A Coruña considera que la empresa de Juan Miguel Villar Mir Ferroatlántica se lucró en 6.389.764,06 euros desde 2004 a 2011 por el daño causado por sus concesiones en el río Xallas, al que no se respetó su caudal ecológico.

 

El escrito del fiscal se produce en el juicio que se sigue contra el ex director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Galicia Francisco Pan-Montojo, para el que se pide un año y seis meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la gestión ambiental o consultoría e inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por ocho años y seis meses.

 

El fiscal recuerda que Pan-Montojo, "con pleno conocimiento de la ilegalidad de su contenido y sin respetar las más básicas reglas en la tramitación de la misma", dictó en marzo de 2001 una resolución por la que Ferroatlántica podía liberar en la presa de Santa Uxía, en el citado río, el único de Europa que llega al mar en cascada, un caudal intermitente (sábados y domingos) suficiente para obtener una denominada "cascada estándar".

 

Esta disposición modificaba una anterior de la misma autoridad y corregía la Declaración de Efectos Ambientales (DEA) otorgada menos de un año antes, en la que obligaba al mantenimiento del "caudal ecológico continuo".

 

La modificación se hizo tras alegaciones del promotor y sin más tramitación, motivación e informe, de manera que se suprimió el requisito de mantener un caudal mínimo aguas abajo de la presa de 2.23 metros cúbicos por segundo, que pasó a ser un "caudal para la obtención de la denominada cascada estándar, en base a la documentación del propio interesado y con una duración mínima entre junio y septiembre de una hora, de 12:30 a 13:30 horas.

 

El fiscal insiste en su escrito, al que ha accedido Efe, en que el director general se desdijo de lo dicho apenas un año antes "por la simple petición del promotor". Agrega que la puesta en explotación de la concesión derivada de la resolución de 2001, se produjo en diciembre de 2004 y, desde esa fecha hasta el 7 de marzo de 2011, se ejecutó el régimen "aprobado tras la comisión del delito, pudiendo Ferroatlántica turbinar 69,7 hectómetros cúbicos más de los debidos si se hubiera respetado el caudal ecológico, aprovechándose de los efectos de la ilegalidad de la concesión, lo que se traduce en unos beneficios obtenidos de 6.389.764,06 euros".

 

Esta es la cantidad, con los intereses correspondientes, que reclama a Ferroatlántica "como partícipe a título lucrativo de los efectos del delito" que considera que cometió el alto cargo de la Xunta entonces.

 

El fiscal pide también que se practique como prueba un interrogatorio sobre el documento aportado por la Xunta de Galicia titulado "Informe justificativo de la no necesidad de un caudal mínimo en la presa de Santa Uxía (Dumbría)", de 3 de agosto de 2000, "emitido por Ferroatlántica, no firmado por autor alguno", que "carece asimismo de sello de entrada o registro administrativo".

 

Ferroatlántica se benefició en 6,3 millones al anular caudal ecológico Xallas