Los dos acusados de la presunta falsificación de una factura de más de 84.000 euros para que fuese abonada por el Ayuntamiento de Ribeira han alegado hoy que desconocen quién fue el autor de este hecho, aunque un perito ha visto "analogías" entre sus firmas y las falsas. La Fiscalía, Bankinter y el Ayuntamiento de Ribeira acusan de la presunta estafa a dos personas, un hombre y una mujer, que eran administradores mancomunados de una empresa de construcción.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido el juicio por unos hechos supuestamente ocurridos en 2009, cuando se emitió una factura de 84.271,56 en febrero y en junio de aquel año por el desarrollo de la "Casa de la Juventud y Parque Público del Ayuntamiento de Ribeira".
La primera factura se emitió para que fuese abonada por Banesto, como así ocurrió, y la segunda se remitió a Bankinter, que la pagó, pero que luego no obtuvo la cantidad que esperaba del Ayuntamiento, pues este la rechazó.
La mujer procesada, que constituyó una sociedad limitada con el otro acusado, ambos como arquitectos técnicos, ha dicho que ella gestionaba "la parte técnica y él iba a llevar la parte administrativa", aunque sabía que para todo "eran necesarias las firmas" de ambos. Reconoce que su firma estaba en la factura objeto del proceso, por el que piden tres años de prisión y casi 5.000 euros de multa para cada uno, pero desconoce quién falsificó las demás y tampoco sabía que se había producido un doble ingreso de más de 84.000 euros en la cuenta de la empresa porque "no la miraba".
El otro socio, que se ha negado a responder a las preguntas de la defensa de su antigua compañera, también ha reconocido su firma en la factura, pero ha negado haber participado en la falsificación. En su intervención, ha afirmado que existía un director financiero en la empresa que se encargaba de temas contables y por eso descarta su participación en ese movimiento. Asume, como la procesada, importantes problemas económicos en 2009 en la empresa y cree que la doble facturación se produjo por la "necesidad imperiosa de liquidez".
En el documento objeto del juicio figuran las firmas del interventor y el tesorero municipal, aunque ambos han asegurado que no se trata de sus verdaderas rúbricas y han dicho que faltaban sus sellos, además de que había un "pie de endoso que parece correcto, pero se sacó de otra factura". Un perito, que es agente de la Policía Nacional, ha indicado a la sala que las firmas correspondientes al interventor y al tesorero "eran falsas", aunque las de los acusados son "verdaderas".
Dice que "la firma del tesorero tiene analogías" con la de la procesada y la otra las tiene con la del procesado, aunque cree que no existen datos suficientes para afirmar de manera contundente que hayan sido realizadas por ellos, por lo que en su informe dice que no se puede determinar la autoría. Añade que el sello del Ayuntamiento no fue estampado en el papel, sino que tuvo que ser escaneado y establecido por medios electromecánicos, pues la tinta no es líquida sino tóner de de impresora láser o fotocopiadora.
La defensa de la mujer procesada ha considerado que el Ayuntamiento de Ribeira no está legitimado para ejercer la acusación por estafa y la sala quedó pendiente de resolver esa cuestión en sentencia. Otro tema que se valorará es la situación del varón, que esta mañana hizo una transferencia de 4.500 euros para que se aprecie la circunstancia atenuante de reparación del daño parcial si finalmente es condenado. Se han remitido al tribunal las declaraciones de la renta de los últimos años, la situación de su vivienda, sobre la que pesan varios embargos, y la documentación del concurso de acreedores voluntario de la empresa al que accedió en 2009.
