El juicio contra el director de una sucursal de LaCaixa en A Pobra do Caramiñal acusado de estafar 1,9 millones y que se enfrenta a doce años de prisión ha comenzado hoy en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña. El acusado, F.J.O.G., también tendría que hacer frente a indemnizaciones por hasta un máximo de 1.916.555 euros cuyo pago, en caso de no poder asumirlo, le correspondería a la entidad bancaria como responsable civil subsidiaria.
La acusación ha pedido para F.J.O.G. dos penas de seis años por un delito de apropiación indebida y por delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil entre los años 1999 y 2011, el periodo a lo largo del cual fue director de la sucursal. El acusado, que ya había sido director de la Caja de Ahorros de Pontevedra en la misma localidad entre 1990 y 1999, habría estafado presuntamente a catorce personas, la mayoría de ellos de avanzada edad y, en algunos casos, incluso familiares.
El caso fue investigado durante cinco años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ha sido instruido en el Juzgado número tres de Ribeira. Aunque el acusado ha defendido en esta vista que muchos de los clientes "estaban en la cartera de otros empleados", la UCO asegura que el propio acusado hacía a sus empleados firmar la contratación de algunos productos financieros.
En su defensa, F.J.O.G. ha alegado indefensión "al no haber presentado LaCaixa toda la documentación exigida" y ha afirmado "estar pagando" el haber actuado según órdenes de la entidad bancaria recibidas por teléfono. Con respecto al grado de conocimiento de los afectados del producto financiero que estaban contratando, el acusado ha sostenido que "los clientes estaban informados" y que el dinero depositado en los fondos de inversión "podía ser retirado en todo momento".
La acusación ha asegurado que F.J.O.G. habría retirado sin el consentimiento de los clientes parte del dinero de estos fondos de inversión o que, en algunos casos, el producto financiero contratado ni siquiera existía. También se han presentado una serie de documentos manuscritos en los que el acusado aseguraba a los clientes que los productos no garantizados que ofrecía sí lo estaban y que el dinero invertido podría ser retirado de forma inmediata.
El acusado tan solo ha aceptado responder a las preguntas de la Fiscalía y del juez, negándose a responder a las cuestiones planteadas por las acusaciones particulares de los afectados y de LaCaixa.
