La pretensión de la familia del dictador Francisco Franco de vender el Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, muestra su temor a perder esa propiedad, afirmó hoy la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín.
Las autoridades gallegas llevan a cabo un rastreo del proceso por el que el palacete, construido por la condesa Emilia Pardo Bazán, fue adquirido a sus herederos en 1939 por un grupo franquista que lo obsequió como "regalo del pueblo" al dictador. Tras la muerte de su única hija, Carmen Franco, el pasado 29 de diciembre, los herederos han puesto a la venta por unos 8 millones de euros el inmueble y los terrenos en los que el dictador solía veranear y a pasar temporadas. En un comunicado, Sanmartín señala que el anuncio de la familia del dictador de poner en venta esa propiedad es la "constatación de que los trabajos de la junta pro devolución del pazo -que investiga las condiciones de transmisión de propiedad- van por buen camino".
La familia de Franco quiere "verse libre de una propiedad que es resultado del saqueo al pueblo gallego", señala la representante de la Diputación. El palacete se ha convertido en "el centro de una demanda social" para que la propiedad sea devuelta al pueblo gallego, señala Sanmartín y opina que, con su actitud, los descendientes de Franco muestran "voluntad de querer desprenderse de un bien que consiguieron de manera ilícita".
El Ayuntamiento de Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia esperan que los expertos determinen las condiciones de la transmisión de esa propiedad y la posibilidad de expropiarlo. La familia Franco está "buscando la manera de aprovecharse de ese patrimonio que consiguió haciendo uso del poder del dictador antes de que prosperen las iniciativas que están trabajando para que el pazo pase a ser propiedad pública", señala la vicepresidenta de la Diputación coruñesa.
Según Sanmartín, integrante del partido nacionalista gallego BNG, la "rapidez de los herederos" en poner en venta la propiedad obedece a un informe de un grupo de juristas que investiga el asunto. Los familiares de Franco "saben que hay vías legales que cuestionan la propiedad familiar", afirma Sanmartín, que considera "lamentable" que la "sociedad gallega tenga que continuar luchando contra los privilegios que siguen disfrutando sus herederos en una impunidad que pone en cuestión la transición" a la democracia.
El Pazo de Meirás fue declarado en 2008 por la Xunta "bien de interés cultural", lo que obliga a los propietarios a organizar visitas públicas cuatro días al mes, pero la familia de Franco recurrió por la vía judicial en un proceso que culminó en 2010 con una decisión del Tribunal Supremo a favor del Gobierno autonómico.
Sin embargo, los familiares incumplieron en numerosas ocasiones sus obligaciones e incluso cedieron la organización de las visitas a la Fundación Franco, que anunció que aprovecharía para "mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco", lo que generó todo tipo de denuncias por su actitud revisionista de la historia del dictador. En septiembre pasado la Xunta puso una multa de 4.500 euros a la familia Franco y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, expresó su esperanza de poder "acreditar vicios" que "invaliden" las transmisión del palacete para incorporarlo al patrimonio gallego.
