El juicio del conocido como "Caso Mahía" ha sido pospuesto hasta el 6 de mayo después de que el juez de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña no estimase las peticiones de nulidad del escrito de acusación y del auto de apertura de juicio oral, como habían reclamado las defensas de los seis acusados.
El juicio de este caso, en el que se investigan delitos de administración desleal, apropiación indebida y delito societario en una inmobiliaria durante los años 90 y 2000, ha dado comienzo en un inicio con las cuestiones previas, un apartado que estaba previsto que continuase hasta el próximo jueves.
El juicio ya había sido suspendido el pasado mes de octubre por la renuncia de la defensa de varios de los acusados -incluido el principal, el administrador único de la empresa, Ramón López Casal- por "discrepancias" con sus clientes. La abogada de López Casal, Almudena Peleteiro, había denunciado que tanto el auto de apertura de juicio oral como el escrito de la Fiscalía eran "genéricos", ya que señalaban a los demás acusados como eficaces colaboradores "sin precisar de qué modo se dio dicha colaboración ni en qué empresas tomaron partido".
Por su parte, la representante del Ministerio Fiscal ha argumentado que el escrito de acusación no precisaba cada movimiento "porque los cinco acusados saltaron durante una década entre los puestos de apoderados, administradores o socios de 52 sociedades", una cuestión que aparecerá reflejada "en el informe final". El juez ha entendido que las peticiones de nulidad de las defensas no podían llevar a la suspensión del juicio, si bien ha abierto la puerta a tener en cuenta sus argumentaciones de cara a la elaboración de la sentencia.
El principal acusado del caso es el administrador único de Mahía Inmobiliaria, Ramón López Casal, quien fue condenado -en el marco del conocido como "Caso Arroyo"- por cohecho por la Audiencia Provincial de Valladolid junto al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, condenado también por prevaricación. En noviembre de 2017, el administrador de la constructora Urban Mahía SL se declaró culpable de un delito contra la hacienda pública y aceptó pagar 960.015 euros a cambio de que la Fiscalía retirase su acusación por el mismo delito contra López Casal y otra de las acusadas que hoy se sentaron en el banquillo, PE.B.I. La rama que en esta jornada se iba a juzgar en Santiago de Compostela había llegado a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña tras catorce años de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número uno de la capital gallega. Los hechos relatados por la Fiscalía dieron comienzo, señala el escrito, el 27 de septiembre de 1989, cuando se constituye la sociedad Mahía Inmobiliaria S.L., dedicada a la promoción y construcción de viviendas y a la adquisición de fincas, con una participación accionarial del 34 % por parte de M.G.M. y del 33 % por parte tanto de A.B.C. como de E.C.C.. Dos años después, López Casal adquirió el paquete accionarial de este último y pasó a ser el administrador único de la sociedad; en los años siguientes, el principal acusado fue creando un grupo empresarial creado por múltiples sociedades participadas por los tres socios. En paralelo, López Casal también constituyó "con la eficaz colaboración" de los demás acusados -PE.B.I., MA.R.P., I.R.P., y P.L.F, M.L.F..- una serie de sociedades de las que no tenían conocimiento los socios de Mahía Inmobiliaria y hacia las que, paulatinamente, fue desviando el negocio. López Casal está acusado de un delitos de administración desleal, un delitos continuado de apropiación indebida y dos delitos societarios y se enfrenta a doce años de prisión y a una multa de 26.535 euros, así como al pago de indemnizaciones que oscilan entre los ocho millones que exige el Ministerio Fiscal y los ochenta que reclama la acusación particular. Por su parte, cada uno de los demás acusados se expone a nueve años y medio de prisión y a una multa de 21.045 euros por los mismos delitos que López Casal. El juicio se reanudará el próximo 6 de mayo con las declaraciones de los acusados y está previsto que el día 8 intervenga el denunciante, M.G.M.; las trece jornadas restantes se celebrarán a días alternos entre el 22 de mayo y el 20 de junio.
