CCOO ha pedido este lunes el archivo inmediato por el juez de la investigación abierta contra cuatro sindicalistas por los incidentes registrados el 28 de marzo durante una manifestación contra los cierres de Alcoa en A Coruña y Avilés, que se celebró en las inmediaciones del Congreso de los Diputados.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado el apoyo de la organización a las personas investigadas judicialmente, en una conferencia de prensa, acompañado del secretario general de Industria, Agustín Martín, y algunos de los afectados, como el secretario de la Federación de Industria del sindicato en Galicia, Víctor Ledo, y el presidente del comité de empresa de la fábrica de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos Corbacho. Además, han participado el secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Asturias y el secretario de Acción Sindical. Sordo ha dicho que la movilización de ese día fue un "ejercicio de libertad sindical" en la que se reivindicó el futuro de la industria. Sordo también ha mostrado su solidaridad con los diputados del grupo parlamentario de Unidos Podemos Yolanda Díaz, Ángela Rodríguez, Antón Gómez Reino y Rafael Mayoral, que ese día se unieron a la protesta y que también aparecen en el atestado policial.
La Policía identificó a los cuatro parlamentarios durante las protestas, en las que fue detenido un sindicalista, y según el atestado policial, los diputados arengaron a los concentrados para que saltaran el vallado policial. Gómez Reino está citado para mañana por videoconferencia y Mayoral lo estaba para el 18 de septiembre, pero no acudió por considerar irregular la citación -al ser aforados sólo puede investigarlos el Tribunal Supremo- y coincidir la fecha con la celebración de pleno en la Cámara Baja. Sordo ha dicho que se trató de una manifestación "perfectamente convocada" y de una "expresión democrática de un derecho reconocido". Según el secretario general de CCOO, el comportamiento de los participantes en la protesta fue "impecable y cívico" y sólo se produjeron la tensiones propias de estos actos, pero no hubo un ejercicio de violencia por parte de los manifestantes.
El secretario general de Industria de CCOO, Agustín Martín, ha denunciado los "fallos" que hubo en el dispositivo policial ese día y ha afirmado que no hubo violencia por parte de los manifestantes en todo caso "ineptitud" por parte de los que organizaron el dispositivo que se ha tratado de cubrir de forma "malitencionada" con un atestado, que no tiene que ver con la realidad. Martín ha señalado acompañará al presidente del comité de empresa de Alcoa mañana, martes, cuando declarará en A Coruña, dentro de la investigación judicial. Asimismo, harán lo propio el próximo 8 de octubre con el secretario de la Federación de Industria de CCOO en Galicia, Víctor Ledo, en Ferrol, y así sucesivamente con los otros dos investigados.
Las citaciones ha sido cursadas por el Juzgado de instrucción número 25 de Madrid por los sucesos ocurridos en esa manifestación. Tanto Sordo como Martín han exigido modificaciones legales y que se derogue la denominada "ley mordaza" y el artículo 315.3 del Código Penal, que han servido para imputar a "cientos de sindicalistas en España". El punto 3 del artículo 315 dice que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".
