viernes. 29.03.2024

La jueza que instruye la Operación Pokemon, Pilar de Lara, ha tomado hoy declaración a un extrabajador de la Torre de Hércules como testigo y ha aceptado su personación en el caso como acusación particular. El juzgado de instrucción número uno de Lugo ha acogido esta mañana el encuentro entre un antiguo empleado de la Torre, Óscar López Cernadas, que estaba citado como testigo, pues había denunciado el despido de varias personas para colocar, presuntamente, a dedo a trabajadores afines al Partido Popular. El secretario de la Federación de Servicios del sindicato CIG, Adolfo Naya, ha explicado a EFE que López Cernadas ha estado en torno a dos horas ante la jueza, que "quería saber si tenía cabida que se personara o no".

 

Después de este encuentro "aceptó que él se personase como perjudicado y acusación particular", lo que significa que "tendrá acceso a toda la documentación del caso", por lo que el siguiente paso es "estudiar todo para ver dónde están los puntos que pueden perjudicar a Óscar". "Entendemos que hay una trama para intentar enchufar a unos trabajadores cercanos al Partido Popular", relata, pues a esa conclusión llega Vigilancia Aduanera en uno de los informes que se recogen en el sumario. López Cernadas fue trabajador de la Torre de Hércules a través de Sermasa, una filial del Grupo Vendex que centra la trama de la Pokemon, desde mayo de 2010 hasta que en 2012 el Ayuntamiento "rescindió los contratos de trece trabajadores" para "realizar obras de mantenimiento", algunos con dieciséis años de antigüedad.

 

Según detallan desde el despacho de abogados Lex & Iuris, el Ayuntamiento de A Coruña decidió "no subrogar a los trabajadores" que estaban entonces en el monumento, que es Patrimonio de la Humanidad. "El Consistorio acudió a la estrategia de abrir un concurso público 'temporal' para evitar así subrogar a la plantilla", dicen y añaden que esto lo exigía el convenio colectivo firmado de manera previa. Añaden que "la Torre permaneció cerrada al público a pesar de que las obras, tan supuestamente necesarias, continuaban sin realizarse", con "la pérdida económica que supone para las arcas locales". Tras la puesta en marcha de la Pokemon y su pieza separada en A Coruña denominada Pikachu, que tiene a veinte imputados relacionados con el Ayuntamiento, se "confirman las incongruencias y extrañas circunstancias que rodearon el despido de estos trece trabajadores".

 

"Podrían estar vinculadas al interés de ciertos miembros de la corporación local por abundar en una red clientelar cimentada en la concesión a dedo o por enchufe de un significativo número de puestos de trabajo en los ámbitos públicos gestionados en régimen de concesión por empresas pertenecientes al Grupo Vendex", prosigue. En la trama de la Operación Pokemon en A Coruña hay diversos imputados, entre ellos el teniente de alcalde, Julio Flores, por un presunto delito de tráfico de influencias al haber mediado presuntamente con el responsable en Galicia de Vendex, José María Tutor, para la contratación de terceras personas, según se desprende del sumario.

 

Aceptado un extrabajador de la Torre de Hércules como acusación en la Pokemon