El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que estaría de acuerdo con una nacionalización de la planta de Alcoa en A Mariña (Lugo) durante un tiempo antes que su cierre, si bien ha insistido en que hay otras opciones "más razonables" que incorporar esa fábrica al patrimonio público.
Esas opciones están contempladas en el Plan de recuperación de las industrias electrointensivas, aprobado hoy por el Consello de la Xunta, y pasan principalmente por garantizar un precio estable de la energía a estas compañías, con tareas para la propia Xunta y también para el Gobierno central.
"Pero si el Gobierno quiere nacionalizar Alcoa que lo haga mañana y no pasado", ha señalado Núñez Feijóo, que ha dudado de que el Ejecutivo quiera realmente intervenir la empresa, ya que su "objetivo" es llegar al 12 de julio (fecha de las elecciones gallegas) con "excusas" y después "cerrar" la fábrica; por lo que le ha pedido que "deje de engañar" a trabajadores y a la Xunta. El plan aprobado este jueves por la Xunta apuesta por dar un tratamiento de esencial y estratégico al sector electrointensivo, lo que favorecería la reducción y agilización de trámites administrativos y los proyectos tendrían "prioridad" frente a otros.
El Gobierno gallego también propone que las ayudas de la UE tengan un apartado específico para este sector y hacer préstamos participativos para apoyar los planes de modernización de estas empresas.
Para todo esto, ha señalado, es "esencial" que el Gobierno active las medidas necesaria para garantizar el precio de la electricidad, ya que si no "todo lo demás se caerá por el camino". Núñez Feijóo ha insistido en que hay que ponérselo "difícil" a Alcoa para que no tenga "excusas" y siga adelante con el ERE que afecta, de momento, a 534 personas.
De este modo, ha continuado, no se entiende que sea 2 de julio y el Gobierno ni siquiera haya puesto en marcha la subasta de interrumpibilidad que tendría estar en vigor desde el 1 de julio. Por este motivo, el titular de la Xunta ha instado al Gobierno a pone en marcha "de forma inmediata" esa subasta y que esté dotada, al menos, con 275 millones de euros de las emisiones de CO2 y que se haga con bloques de 90 megavatios.
Además, ha pedido que se convoque "mañana mismo" la mesa de Alcoa San Cibrao para que administraciones y empresa hagan sus propuestas y se deje de engañar a los trabajadores.
Núñez Feijóo ha considerado que sus propuestas son "razonables" y servirían para garantizar la continuidad de Alcoa en San Cibrao, bien con la titularidad de esa multinacional de Estados Unidos bien con la de otro grupo empresarial, ya que "hay interés", aunque no se materializará si no hay un precio estable de la energía, ha dicho .
En cualquier caso, si el Gobierno desatiende estas propuestas que han funcionado "durante décadas" y quiere nacionalizar la planta, entonces debería hacerlo "mejor mañana que pasado", ha dicho, porque "hablar ahora de que dentro de dos años habrá contratos bilaterales para modular el precio de la energía" es "una broma (...) una promesa electoral y un chantaje inaceptable".
Además del plan de las electrointensivas el Consello de la Xunta ha dado el visto bueno a una partida de 60 millones de euros, con los que aspira a movilizar 180 millones, para financiar pymes y autónomos. Se trata de una nueva partida, una vez que los 250 millones puestos a disposición de estos colectivos al inicio de la crisis se hayan "agotado", ha explicado Núñez Feijóo. Los 60 millones se dividen en tres programas; uno dotado con 20 millones para que las pymes y los sectores afectados puedan "reinventarse".
En este programa, el organismo Xesgalicia podría participar si fuese preciso. También podría participar Xesgalicia mediante capital riesgo en la puesta en marcha de start ups (empresas emergentes) con una parrtida de 10 millones de euros en total. Y finalmente se creará un fondo público-privado, dotado con 30 millones de euros, para desarrollar proyectos tractores y estratégicos.
Entre otras iniciativas, además, la Xunta ha enviado al Consello Consultivo el texto de un proyecto de decreto por el que pretende crear un Censo de suelo empresarial en el que será "obligatorio" registrarse, independientemente de qué administración o iniciativa sea titular de ese suelo.
