martes. 19.03.2024

Un estudio elaborado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña Carlos Aymerich avala que tanto la Xunta como el Gobierno central pueden nacionalizar las plantas de Alcoa y Alu Ibérica usando las ayudas de recapitalización que aprobó la Comisión Europea. El profesor ha presentado este lunes en A Coruña el informe "Alternativas para el mantenimiento del empleo y de la actividad en las plantas de aluminio primario de San Cibrao, A Coruña y Avilés", elaborado a petición de la CIG, que establece la posibilidad de intervenir las plantas por dos vías diferentes.

 

Según ha explicado en rueda de prensa, la Comisión Europea, a través del Marco Temporal de Medidas de Ayudas Estatales para apoyar la economía tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, publicó el día 8 de mayo su criterio sobre ayudas de recapitalización, destinadas a que los poderes públicos puedan entrar en el capital de empresas privadas.

 

"Tenemos ahí una posibilidad aceptada por Europa", ha asegurado Aymerich, que ha detallado que, con estas ayudas, tanto el Gobierno gallego como el español podrían intervenir la planta de aluminio de San Cibrao, en Cervo (Lugo), o las de A Coruña y Avilés, que ahora son propiedad del Grupo Riesgo. Sin embargo, estas ayudas parten del requisito de contar con el consentimiento de la empresa, algo que, según este investigador, las administraciones podrían conseguir porque tienen "poderosos argumentos" para negociar con Alcoa exponiéndole los costes y consecuencias que puede suponer el cierre.

 

En el caso de que la multinacional se negase, ha señalado, hay otra vía para la intervención pública aplicando las disposiciones vigentes en materia de expropiación forzosa o por medio de un decreto-ley expropiatorio específico, ya que "el interés social es evidente" para mantener los puestos de trabajo y la producción de aluminio.

 

"Por mucho menos dinero de lo que le costó al Gobierno rescatar las autovías radiales de Madrid podríamos rescatar un sector estratégico como la producción de aluminio", ha asegurado Carlos Aymerich. El informe presenta la posibilidad de seguir los pasos de Italia en la fábrica de Alcoa en Cerdeña, que "está reactivando su actividad". Esto implicaría buscar un "socio industrial solvente" después de la nacionalización. Por su parte, el secretario general de la CIG, Paulo Carril, ha cargado contra el Gobierno y la Xunta por la "nula voluntad política" demostrada ante la "dramática situación" de estas plantas.

 

De ambas administraciones ha demandado "actuaciones rápidas y decididas" para "la intervención pública", pues ha considerado que es "la única vía para garantizar el empleo y la producción de aluminio". Mientras, la miembro del comité de Alcoa San Cibrao Águeda Fontela ha lamentado que están "muy limitados de tiempo" por el proceso de ERE y ha criticado que la Xunta y el Gobierno han hecho muchas promesas pero "no hay nada".

 

El delegado de la CIG en Alu Ibérica A Coruña Julio Moskowich ha pedido que "más allá de las disputas electorales" se pongan "de acuerdo" ambas administraciones para realizar "una adquisición publica de las plantas de Alcoa y Alu ibérica". El documento presentado completa y actualiza el informe jurídico previo que el profesor Aymerich realizó el año pasado sobre la viabilidad de la adquisición pública de las plantas.

Xunta y Estado pueden nacionalizar Alcoa con ayudas europeas, según un estudio