viernes. 29.03.2024

El empresario lucense Jorge Dorribo, principal encausado de la denominada operación Campeón, sobre corrupción de subvenciones públicas, aceptó hoy penas de casi seis años de prisión y multas de 6,1 millones de euros. En la vista preliminar del juicio previsto para el 24 de octubre, Dorribo y otros doce de los trece acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio, que tendrá que celebrarse, sin embargo, porque uno de los procesados, el empresario Javier Rodríguez, rechazó tal acuerdo.

 

En la vista preliminar celebrada en la Audiencia provincial de Lugo, Dorribo aceptó las penas propuestas por la Fiscalía en base a un acuerdo de conformidad por delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible.

 

La operación investigó una supuesta red de corrupción de subvenciones del instituto público Igape, dependiente de la Xunta, con la supuesta implicación y connivencia de empresarios y políticos. Junto a Dorribo, su socio en los Laboratorios Nupel de Lugo, Arsenio Méndez, acumula las penas más altas, al aceptar casi dos años de cárcel y una multa de dos millones de euros por delitos contra la hacienda pública, contable e insolvencia punible.

 

La exdirectora de Financiación del Igape Cristina Quintela, que abandonó la sala de vistas de la Audiencia provincial visiblemente emocionada, fue absuelta. Otros dos antiguos altos cargos del Igape, el exdirector general Joaquín Varela y el exdirector de Programas Carlos Silva, liquidaron su responsabilidad penal por sendos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarias y aceptaron una multa económica de 2.160 euros cada uno y la suspensión de empleo y sueldo durante un año.

 

El exdiputado del PP Pablo Cobián aceptó una pena de ocho meses de prisión y una multa de 45.135 euros, además de un período de inhabilitación de dos años y tres meses para cargo público, por un delito de tráfico de influencias. El abogado de la defensa de Cobián, Ulises Bértolo, aseguró que que tanto él como su cliente se sienten "muy satisfechos" del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, porque vino a demostrar que no hubo "ningún tipo de cobro, ni un euro, por ninguna gestión que haya realizado", dijo a un grupo de periodistas a la salida de la sala.

 

Por su parte, el fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, mostró su satisfacción por el acuerdo con doce de los trece imputados ya que, aunque el juicio se celebrará igualmente el 24 de octubre, "simplifica" la tramitación y la mayoría de los procesados tuvieron una "respuesta adecuada a sus respectivos comportamientos", opinó.

 

"La Fiscalía pretendía, por una parte, individualizar los comportamientos de cada acusado, porque todos eran diferentes, para tratar de individualizar también la respuesta penal a cada uno de los comportamientos, porque no todas las personas habían participado de la misma manera", aclaró Brezmes. Además, precisó que su intención "era condicionar cualquier informe favorable a la suspensión o a la sustitución de las penas prisión que se han pedido al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado".

 

Esa intención ha cristalizado en el hecho de que los investigados hayan tenido que realizar "consignaciones o ingresos de cantidades económicas relativamente relevantes con respecto a la capacidad de cada uno de ellos", para "tratar" de atender a "los intereses de la víctima", que en este caso ha sido el Igape, porque "han sido fondos públicos los distraídos", dijo. Brezmes dijo que el acuerdo "simplifica" la vista oral del juicio, un proceso integrado por unos 100.000 folios, pruebas documentales y testificales.

 

El abogado José Luis Fiuza, que representa a Javier Rodríguez -de la empresa Proitec-, el único de los trece acusados que no aceptó llegar a un acuerdo con la Fiscalía, justificó que su cliente se siente "inocente" y está dispuesto a "defender su honestidad". "Se considera inocente de los hechos que se le imputan, no está conforme con llegar a un acuerdo y quiere defender su honestidad y su inocencia", dijo el letrado. "La tramitación no ha sido la correcta porque esto tendría que haber ido por la Ley del Tribunal del Jurado. Después, a partir de ahí, hay una serie de nulidades a mayores, que hemos invocado y puesto de manifiesto. Ahora la Audiencia decidirá si tenemos razón o no", concluyó.

 

La operación Campeón, que tomó el nombre de una de las palabras que Dorribo solía utilizar en las conversaciones telefónicas grabadas por las autoridades judiciales, puso de manifiesto una trama de corrupción de subvenciones que permitieron incluso a la firma Nupel obtener un crédito del Banco Europeo de Inversiones. La investigación fue dirigida por el Juzgado de instrucción 3 de Lugo y llevó en 2010 a la detención de varias personas sospechosas de supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas a Nupel, propiedad de Dorribo, considerado como el cabecilla de la trama.

Dorribo acepta casi seis años de cárcel y multas de 6 millones de euros