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Operación Campeón

Dorribo dice en el juicio de la Campeón que desconocía la contabilidad B en Nupel

Martes, 24 Octubre 2017 15:42
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El empresario lucense Jorge Dorribo, expropietario de la farmacéutica Nupel, aseguró hoy durante su declaración en el juicio por la llamada Operación Campeón que no "conocía" la existencia de una "doble contabilidad" en la sociedad. Dorribo ha asegurado, además que su deuda con Hacienda se debe, en parte, a que en mayo del año 2010 ya había sido encarcelado y no pudo presentar la declaración de la Renta. Finalmente, aunque el ministerio fiscal llegó a un acuerdo con doce de los trece imputados, incluido el propio Dorribo, la negativa de uno de los investigados a aceptar la conformidad ofertada por el ministerio público obligó a la celebración del juicio, cuya vista oral comenzó esta mañana en la Audiencia Provincial de Lugo.

 

Durante su declaración en la vista oral, Jorge Dorribo aseguró que desconocía si en Nupel había "doble contabilidad" porque él se ocupaba del apartado comercial de la sociedad, "de las ventas", y era el departamento de administración, un asesor externo y su socio, Arsenio Méndez, -también investigado en la causa- los que se encargaban de los números de la compañía.

 

Según Dorribo, él cobraba "un salario" en la empresa y desconocía "la existencia de una contabilidad no oficial". De hecho, en relación con las cantidades retiradas de las cuentas de la empresa, cuya legitimidad cuestiona la Fiscalía, subrayó que eran "préstamos de la sociedad" que se iban amortizando con cargo a las "comisiones" que no cobraba por esa labor de comercial. En cuanto a la deuda que le reclama Hacienda, conminó a la representante del ministerio fiscal a que comprobase si tenía alguna deuda previa a la intervención de Nupel, a pesar de que llevaba con la empresa desde el año 2002.

 

De hecho, aseguró no hizo la declaración en el año 2010 porque ya había sido detenido, le habían "precintado las cuentas" y lo habían "dejado sin nada". "Fui embargado. Me he quedado sin nada. Me lo han quitado todo", lamentó Dorribo. El empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de Nupel y epicentro de la investigación en la llamada Operación Campeón, ha aceptado penas de cárcel que suman casi seis años de reclusión y multas que acumuladas superan los 6,1 millones de euros por varios delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, delito contable e insolvencia punible. En cuanto a la vinculación de Javier Rodríguez, el único investigado que no llegó a acuerdo con el fiscal, con el fraude investigado, Dorribo aseguró en la vista oral que ambos socios de Proitec "estaban al corriente de todo" y "en esa época" las "reuniones eran continuas", tanto con él como con Carlos Monjero. De hecho, afirmó que todas las gestiones para la tramitación de las subvenciones eran realizadas por esta empresa y "para tomar cualquier decisión" tenía "que estar presente Javier". Precisó que fueron los dos socios de Proitec quienes le presentaron al exdiputado del Partido Popular, Pablo Cobián, que actuaba como "intermediario", así como que sólo tuvo una reunión con el que fue director xeral del Igape, Joaquín Varela, y dos con Carlos Silva, exalto cargo del organismo de la Xunta. El fiscal pide para Javier Rodríguez penas de cárcel que suman cuatro años y dos meses de reclusión, así como el pago de multas por un importe que se acerca a los 3,5 millones de euros, por dos delitos contra la hacienda pública y otro continuado de cohecho, mientras que la acusación de la Xunta solicita casi cinco años de prisión y multas por valor de 18,5 millones de euros. En cambio, su abogado, el letrado José Luis Fiuza, aseguró a las puertas de la Audiencia Provincial que confía en una "sentencia absolutoria" para su cliente. "Seguimos en la misma, nuestra interés es defender la inocencia de Javier. Creemos que es realmente inocente y por eso nos hemos arriesgado a venir a juicio", insistió. Junto a Dorribo, su socio en Nupel, Arsenio Méndez, acumula las penas más altas, al aceptar casi dos años de cárcel y una multa de dos millones de euros por delitos contra la hacienda pública, contable e insolvencia punible. Ha quedado absuelta la que era en el momento de los hechos juzgados directora de Financiación del Igape, Cristina Quintela, que abandonó la sala de vistas de la Audiencia Provincial visiblemente emocionada el pasado 26 de septiembre. Otros dos altos cargos del Igape en el momento de los hechos, el ex director general Joaquín Varela y el que fuera director de Programas Carlos Silva, han liquidado su responsabilidad penal por sendos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios con una multa económica -de 2.160 euros cada uno- y la suspensión de empleo y sueldo durante un año. El ex diputado del Partido Popular Pablo Cobián aceptó una pena de ocho meses de prisión y una multa de 45.135 euros, además de un período de inhabilitación de dos años y tres meses para cargo público, por un delito de tráfico de influencias. La Operación Campeón, que se dio a conocer a la opinión pública con varias detenciones en el año 2010, fue dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo, cuya titular era entonces Estela San José, para esclarecer supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas a la empresa Nupel.

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