jueves. 28.03.2024

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que anula los cambios en los estatutos de la empresa pública Suplusa, concretamente aquellos que permitieron que Manuel Martínez llegase a la Presidencia, anuncia una nueva batalla judicial entre el gobierno de la Diputación Provincial, el alcalde de Becerreá y el grupo provincial del Partido Popular.

 

La interpretación que hacía de esa sentencia el portavoz del Gobierno provincial, el socialista Álvaro Santos, es totalmente diferente a la forma que tienen de entenderla tanto Manuel Martínez como la portavoz de y presidenta del Partido Popular de Lugo, Elena Candia, porque mientras el primero considera que la resolución de la Audiencia anula los acuerdos adoptados a partir del cambio estatutario, los segundos entienden que no entra en el fondo del asunto. Santos sostiene que la sentencia de la Audiencia Provincial es ?ejecutiva?, de modo que Manuel Martínez ya no es presidente de Suplusa, porque estarían vigentes los estatutos anteriores.

 

Sin embargo, la interpretación que hace Martínez de la sentencia es distinta, asegura que la resolución de la Audiencia Provincial viene motivada por ?un defecto de forma? en la convocatoria de la junta en la que se aprobó el cambio en los estatutos de Suplusa, por lo que su intención es ?volver a convocar al consejo? para ?subsanar esas deficiencias? y revalidar los acuerdos alcanzados. Al mismo tiempo, ya anunció a Efe que presentará recurso contra esa sentencia, porque entiende que ese ?defecto de forma? se vino produciendo de forma sistemática desde 2003 en todas las convocatorias del consejo de administración de Suplusa.

 

En todo caso, sostiene que ?hay alguna irregularidad?, fue cometida ?por el presidente de la Diputación, que también lo era entonces de Suplusa?, Darío Campos, porque ?no cumplió con su obligación convocar la junta de la empresa pública en plazo? y, por lo tanto, se hizo ?de forma automática por la Ley de Bases de Régimen Local?. ?Si pensamos mal, podemos llegar a la conclusión que lo hizo de manera intencionada?, añadió.

 

Por su parte, Elena Candia considera que el Gobierno socialista intenta ?disfrazar? la realidad, porque la sentencia de la Audiencia ?no entra en el contenido de los acuerdos? alcanzados en el consejo de administración de Suplusa, que ya ?habían pasado por los filtros previos del Registro Mercantil y del juzgado de primera instancia?. Al igual que Martínez, entiende que esa resolución hace referencia a ?un defecto de forma? en la convocatoria de la junta que, en todo caso, es responsabilidad del gobierno provincial y de su presidente, por más que ?torticeramente? traten de buscar otra explicación.

La sentencia que anula los estatutos de Suplusa anuncia una nueva batalla legal