La multinacional del aluminio Alcoa ha comunicado al comité de empresa de su fábrica en San Cibrao, la comarca de la Mariña lucense, el inicio de un "período de consultas" para un "despido colectivo" de un máximo de 534 empleados por la "situación insostenible" que atraviesa esa factoría.
La dirección de Alcoa propuso al comité de empresa, en una reunión celebrada esta tarde en Lugo, abrir consultas durante tres semanas para analizar el futuro de la planta, los retos y las opciones y medidas a adoptar con la representación, indica en un comunicado. Apunta que "el propósito de esta consulta informal es poder avanzar con los representantes de los trabajadores antes de iniciar un período formal de consultas, que tiene unos plazos concretos". La dirección de la planta de Alco precisa su intención de "no tomar ninguna decisión hasta que el periodo de consultas haya concluido".
El motivo que han llevado a la multinacional a tomar esta decisión es la "serie de problemas externos de producción y de mercado que han hecho que la producción de aluminio primario sea ineficiente y la operación de la planta no sea competitiva". Entre esos problemas estructurales cita "los altos costes de energía y el bajo precio del aluminio que, junto con el exceso de capacidad global, han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen" en los próximos meses.
El Ministerio de Industria, después de conocer las intenciones de la dirección de Alcoa, ha invitado a la dirección de Alcoa a que "reconsidere" su decisión. En un comunicado, el Ministerio reclama "corresponsabilidad" a la multinacional en un momento en el que "es más necesario que nunca mantener las capacidades productivas y los puestos de trabajo", y apunta que la empresa "ha tenido y sigue teniendo importantes ayudas públicas, condicionadas al mantenimiento del empleo".
El citado departamento del Gobierno central dice ser "conocedor tanto de la difícil situación financiera" de la multinacional a nivel internacional como de los "problemas estructurales que tiene la planta, sobre todo en el contexto actual, con una importante caída de la demanda" de aluminio primario. El Ministerio reafirma su "apoyo a los trabajadores de la planta y el compromiso para la continuidad del empleo en la comarca de A Mariña" y reitera que seguirá "manteniendo un contacto permanente y fluido con la dirección de la empresa y con los representantes de los trabajadores para conocer los avances del periodo de consultas que se va a iniciar".
En declaraciones al canal de televisión privado La Sexta, la ministra de Industria, Reyes Maroto, afirmó que Alcoa es una empresa que "ha tenido muchas, y sigue teniendo, ayudas públicas", por lo que ha pedido "corresponsabilidad" en un momento en que la pandemia de coronavirus ha abierto una crisis económica y social. "España necesita construir un proyecto de país, Alcoa ha recibido muchas ayudas y le pedimos corresponsabilidad. Necesitamos más capacidad industrial, crear empleo", dijo la ministra.
El presidente del comité de empresa en San Cibrao, José Antonio Zan, reiteró que, en las actuales circunstancias, el Gobierno central debería estudiar una nacionalización como "primera opción" para salvaguardar los intereses de la fábrica y sus 534 empleados, asegurando que es futuro de la planta es "factible, es viable"”. Zan expresó sus discrepancias con el planteamiento de Alcoa sobre esa planta y pide a la Xunta y al Gobierno central que se "involucren".
El Gobierno central "tiene un mecanismo que antes no tenía, que cuenta con la autorización de la Unión Europea, y que se llama intervención de empresas en riesgo de crisis", según el presidente del comité de empresa. La representación de los trabajadores no acepta "ninguna de las medidas" propuestas por Alcoa ni los "parámetros" que justifican el cierre de la factoría, indicó Zan, quien anunciór que la comisión permanente del comité de empresa se reunirá mañana para establecer un calendario de movilizaciones.
El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, se limitó a responsabilizar al Gobierno central de "inacción" ante el posible cierre de la factoría de producción de aluminio primario. La decisión de Alcoa "responde a la falta de compromiso y respuesta por parte del Gobierno de España para establecer un precio eléctrico competitivo", según el dirigente de la Xunta, que está gobernada desde hace más de diez años por el PPdeG.
El representante del Gobierno gallego reiteró que "Francia o Alemania están apostando por la industria" y pidió una "rectificación" por parte del Ejecutivo central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, porque si no la hay, tampoco habrá “esperanza” para todos esos trabajadores. En la misma línea que el comité de empresa, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, solicitó la nacionalización de la planta de Alcoa en A Mariña y la puesta en marcha de una tarifa eléctrica gallega para evitar el cierre de la factoría y la destrucción de "miles de empleos". "Proponemos la intervención pública de la empresa, nacionalizar Alcoa para evitar su cierre y mantener la producción y el empleo", dijo Pontón.
La líder nacionalista gallega subrayó que la factoría de San Cibrao ya fue una empresa pública, por lo que abogó por recurrir a esa fórmula siguiendo el camino de otros países europeos como Italia en el sector del aluminio o Alemania con su aerolínea Lufthansa, que equiparó a una nacionalización. "No podemos permitir que cierre la factoría de Alcoa en A Mariña, porque eso implica enterrar una comarca entera y hay que poner en marcha toda la presión institucional e social para garantizar el futuro del empleo", dijo Pontón. El complejo industrial de San Cibrao incluye una planta de aluminio y una de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas respectivamente. Según Alcoa, la reestructuración prevista en la planta de aluminio prevé operar "solo sobre una parte de la fundición", de modo que la producción de la planta de alúmina "no se verá afectada por este periodo informal de consultas".
