Ence cifra en 185 millones el impacto "único y extraordinario" que tendría en sus cuentas el cese de la actividad de su planta de celulosa en la ría de Pontevedra, cuya continuidad está en el aire después de que el Gobierno haya renunciado a defender la prórroga de 60 años concedida en 2016.
La Abogacía del Estado ha solicitado a la Audiencia Nacional que anule la prórroga, otorgada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, tal y como solicitan el Ayuntamiento de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra. En 2018, Ence generó un resultado bruto de explotación (ebitda) de 291 millones de euros, de los que el 84 %, 245 millones, correspondieron al negocio de celulosa y de éstos, 99 millones a la planta de Pontevedra, según datos de la compañía, que también genera energía.
"En el improbable supuesto de que se produjera el cese de actividad, tendría lugar un impacto único extraordinario en la cuenta de resultados del entorno de 185 millones", explica Ence en su comunicado al supervisor bursátil. De esta cifra, 74 millones de euros corresponden al impacto en caja por los costes de desmantelamiento (43 millones), la cancelación de contratos en vigor (16 millones) y el coste que tendría el expediente de regulación de empleo de extinción total (15 millones).
Los 111 millones de euros restantes responden al deterioro del activo, según la misma fuente. No obstante, la compañía defiende que en este peor escenario, la fortaleza de su balance y su bajo endeudamiento, unido a los altos precios de la celulosa previstos para los próximos años, le permitirían "hacer frente a la situación reformulando su plan estratégico sin renunciar a sus objetivos".
