La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, estudia emprender acciones jurídicas para defender la continuidad de la fábrica de Ence en Pontevedra, amenazada tras la decisión del Gobierno de no defender la legalidad de su prórroga. Su presidente, José García Costas, ha señalado en rueda de prensa que la entidad cameral adoptará "todas las medidas necesarias" para consolidar la actividad de la pastera en Galicia y "restablecer" la seguridad jurídica ante las "graves repercusiones" que tendrá el cierre de la factoría.
Acompañado de gran parte de su junta directiva, el presidente de la cámara pontevedresa ha lamentado el "injustificable" cambio de criterio del Gobierno de Pedro Sánchez, que, a su juicio, genera una "inseguridad jurídica" que tiene una repercusión "internacional". Los directivos de la Cámara de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía han alertado de las "previsibles" indemnizaciones que tendrá que pagar el Estado si la Audiencia Nacional decreta que la prórroga otorgada por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy es ilegal, cifra que superaría según sus cálculos los 130 millones de euros.
A esto habría que sumar, según la Cámara, la pérdida de más de 400 trabajos directos, otros 2.700 en empresas auxiliares que trabajan para Ence en Pontevedra y la "caída en picado" de la producción maderera en toda Galicia. El vicepresidente de la Cámara, Eduardo Barros, ha reiterado que el traslado de la fábrica es "inviable", ha recordado que si cierra en Pontevedra "se irá a terceros países" y ha lamentando que la decisión del Gobierno esté motivada por "intereses electorales".
