El comité directivo de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ha calificado este martes de "injustificable" la reforma del artículo 135 del Reglamento General de Costas (RGC), el cual prevé modificar los plazos de las concesiones de actividad, una medida que afectará a un significativo número de empresas de la provincia y de toda Galicia.
La modificación del RGC pretende endurecer los requisitos para el emplazamiento de empresas en el dominio público marítimo-terrestre y también modificar el momento a partir del cual se contabiliza su duración, haciéndolo desde la concesión inicial y no desde la fecha de solicitud de la prórroga, como hasta ahora.
“Los empresarios respetamos la normativa aplicable y nos hemos adaptado a ella cuando ha sido necesario y razonable. Sin embargo, esta modificación abrupta y sin justificación está generando alarma y provoca inseguridad jurídica en muchas de las empresas que, por la naturaleza de su actividad deben instalarse en la costa”, señala en un comunicado Jorge Cebreiros, presidente de la CEP. La CEP, esgrime Cabreiros, lleva mucho tiempo alertando de las consecuencias de una reforma de este tipo, que no contempla el impacto en el territorio, en las propias empresas y en el empleo.
“No tendría sentido que obligaran a las conserveras, industrias procesadoras de productos del mar o a los astilleros de reparación o construcción naval, entre otras, a trasladarse al interior, asumiendo el perjuicio económico no sólo del propio cambio de instalaciones, sino de los costes operativos adicionales que conllevaría”, señala Cebreiros.
“Restringir la duración de las concesiones y sus prórrogas, tal y como se plantea, es condenar a la industria, arrasando no sólo con actividades tradicionales en Galicia y la riqueza que han generado, sino que se condena a muchas empresas a la desaparición imponiendo una fecha límite para su actividad, sin importar sus esfuerzos e inversiones en términos de sostenibilidad, para garantizar su continuidad”, resume.
Para el comité directivo de la CEP es alarmante que no se contemple un periodo de transitoriedad ni de adaptación, por lo que sus integrantes concluyen que difícilmente este tipo de imposiciones pueden promover inversión y nuevos proyectos en Galicia.
Como conclusión, en el acta del comité directivo se recogió que el borrador de reforma del artículo 135 del RGC no atiende a un criterio de sostenibilidad medioambiental, sino que persigue la desocupación de la franja costera, sin atender a la importancia, valor, necesidad e incluso dependencia de algunas zonas de la industria que actualmente las ocupa.
