El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que ordenaba iniciar el expediente de caducidad de la concesión de la fábrica de celulosas de Ence en Pontevedra. La sentencia rechaza el recurso de la Administración y la empresa y les impone las costas, que limita a 5.000 euros, en una sentencia que ha presentado esta mañana ante los medios la asociación Salvemos Pontevedra, que promovió inicialmente el recurso.
Ni esta sentencia ni la anterior entran en el fondo de la cuestión sobre si la concesión era legal o no. La ONG entiende que con la privatización de la empresa no se transmitió correctamente la titularidad. Pero ambas resuelven que como la Administración no contestó a ninguno de los requerimientos de información, su silencio debe interpretarse legalmente como favorable a quienes reclamaban.
"Ence ha terminado su recorrido", ha señalado el presidente de Salvemos Pontevedra, Francisco Díaz, que entiende que no cabe otro resultado de ese expediente de caducidad que ahora está definitivamente obligado a incoar la Administración central que la revocación definitiva de la concesión. Una desenlace en línea con los procedimientos similares que en el mismo entorno, la parroquia costera de Lourizán, en plena ría, se siguieron con empresas como Malvar u Holcim, que ya abandonaron sus instalaciones en el área. La empresa entiende, por su parte, que el resultado del proceso es incierto y que en todo caso podrá extenderse "varios años".
La sentencia tiene relevancia, además, porque la fábrica está pendiente, tras los cambios en la Ley de Costas del año pasado, de que se le conceda una prórroga a su concesión original, que debería acabar en 2018; una decisión competencia del Ministerio de Medio Ambiente que suma ahora un argumento en contra.
