viernes. 29.03.2024

El Gobierno gallego ha dado el visto bueno al proyecto de ley de medidas para proyectos públicos urgentes o de especial interés que será aprobado este mismo mes en el Parlamento y que permitirá resolver la ampliación de PSA en Vigo en un plazo de "4 o 6 meses", según ha dicho en conferencia el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

 

Con este proyecto de ley la Xunta evita tener que reformar la ley del suelo aprobada esta semana en el Parlamento. Constará de un único punto y se tramitará por el procedimiento de lectura única, y servirá para dará solución a los problemas causados por la anulación del PXOM de Vigo referidos a proyectos públicos y también "blindará" a cualquier localidad gallega de problemas similares en el futuro.

 

Se trata de una respuesta "ágil, responsable y que da seguridad jurídica" para solucionar estas cuestiones, ha insistido el presidente tras el Consello de la Xunta, ya que se trata de proyectos cuyo promotor debe ser público, debe acreditarse su carácter urgente y su especial interés, deberá contar con el visto bueno del Ayuntamiento afectado y la Xunta deberá emitir todos los informes sectoriales necesarios, incluido el ambiental si fuera preciso.

 

Núñez Feijóo ha explicado que la Xunta cumple, de este modo, con los "intereses generales" tan solo 48 horas después de que un grupo, en alusión a AGE, bloquease la posibilidad de "tan siquiera estudiar, debatir y en su caso aprobar un enmienda a la Ley del Suelo", que también habría permitido solucionar esta cuestión. En cualquier caso, ha indicado que este nuevo proyecto de ley se aprobará "en febrero con vocación de permanencia para los problemas de Vigo o de otros municipios".

 

Ha reconocido que la anulación del PXOM de Vigo deja en el aire proyectos estratégicos para la ciudad y que la "única solución definitiva, completa y global" es un nuevo planeamiento, si bien la solución adoptada con la ley aprobada hoy tiene toda las "garantías jurídicas" para los proyectos urgentes o de especial interés público promovidos por administraciones públicas, por lo que "no hay intereses especulativos o urbanísticos".

 

El informe municipal será "preceptivo y vinculante" y si esta desfavorable se archivará el proyecto. Incluso, si una vez el proyecto está en marcha el Ayuntamiento comprueba que no se ajusta a la licencia concedida podrá paralizarlo. En cuanto a los informes sectoriales, el proyecto deberá contar con todos los que determine la legislación aplicable, "especialmente los relativos a información ambiental", de modo que si es preceptivo que cuente con una declaración de impacto ambiental será obligatorio contar con ella.

 

La ley, además, "no es una vía para evitar las resoluciones jurídicas", como la anulación del PXOM, ya que de forma "simultánea" a acogerse a esta nueva norma, los ayuntamientos deben haber iniciado los trámites para contar con un nuevo plan de urbanismo. Para poner en marcha el procedimiento, el promotor público de la obra debe pedir acogerse a este modelo y será la Consellería sectorial la encargada de verificar que cumple con el requisito de urgencia o de especial interés.

 

Una vez acreditado este punto enviará al Ayuntamiento la documentación y éste tendrá diez días para pronunciarse a favor o en contra. Si lo hace en contra, el proyecto se archivará y si lo hace a favor continuará la tramitación con el envío a la Consellería competente en urbanismo, que encargará todos los informes necesarios, incluida una declaración de impacto ambiental, si fuera precisa.

 

Tras finalizar los informes sectoriales el proyecto se elevará a la comisión superior de urbanismo, que lo devolverá a la Consellería competente para que lo presente en el Consello de la Xunta, que será el órgano que le dé el visto bueno. Núñez Feijóo ha insistido en las garantías jurídicas de la norma y ha felicitado a los letrados de la asesoría jurídica autonómica que llevaban un tiempo trabajando en un texto para buscar soluciones para el caso de que hubiese un "bloqueo" en el Parlamento a la enmienda a la ley del suelo que podría haber resuelto esta cuestión hace 48 horas.

 

El presidente gallego ha indicado que la estación intermodal de Vigo, de la que la Xunta es promotora, se tramitará por este procedimiento y ha señalado que también afecta a las infraestructuras judiciales pendientes en la ciudad. Ha incidido, además, en que la aprobación de esta ley permitirá la ampliación de la fábrica PSA en Vigo, un proyecto sin el cual la compañía francesa de automoción no podría aspirar a la construcción de un nuevo modelo.

La Xunta aprueba la ley que permitirá la ampliación de PSA en "4 o 6 meses"