El alcalde de Vigo, Abel Caballero, exigirá a Zona Franca que en la ampliación de unos 200.000 metros cuadrados del parque tecnológico y logístico de Valladares (PTL) se diseñen parcelas del tamaño suficiente para dar cabida a Ikea y a otras empresas u operadores comerciales.
Caballero ha señalado, en declaraciones a los medios, que la idea es recurrir para el PTL a una de las tres vías para paliar las consecuencias de la anulación del plan general, la supramunicipal, la ley de acompañamiento o la 3/2016 para proyectos urgentes de interés general, para que los tiempos sean los menores posibles.
Ha subrayado que es posible agilizar los trámites para que en el plazo de un año se conozcan las empresas que quieren instalarse en el PTL, y ha recordado que la tramitación para el nuevo aparcamiento de PSA en el polígono de Balaídos fue de nueve meses. "Queremos a Ikea en Vigo e Ikea quiere estar en Vigo.
Es generadora de empleo y no es competencia para el comercio local", ha aseverado Caballero, quien ha añadido que el proyecto de implantación de la marca sueca tiene "un enorme interés supramunicipal". Caballero ha admitido que la última palabra sobre su localización en Vigo la tendrá Ikea, pero ha añadido que las administraciones tienen que tomar decisiones que lo posibiliten.
El alcalde vigués ha hecho hincapié que existe "una inmensa demanda" de implantación en el municipio, por cuanto "somos un gran lugar de atracción. Polarizamos un área de un millón de habitantes". "Todo el mundo quiere venir a Vigo y en Vigo hay espacio para todos", ha proclamado Caballero, quien ha rematado: "somos la ciudad de moda en España".
El regidor ha avanzado que al pleno municipal del miércoles irá un estudio previo de medidas provisionales de ordenación de la ley 2/2017, la conocida como de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta, que abre la posibilidad de que municipios con la ordenación anulada puedan recuperar una parte de la misma.
Caballero ha recalcado que Vigo será el primer municipio en acogerse a esta vía, que permitirá incorporar a ordenación urbanística "una parte importante" del suelo de la ciudad: todo el urbano consolidado y algunos ámbitos de suelo no consolidado, como Tomás Paredes y Esturáns.
Ha hecho hincapié en que esto supone "avance importantísimo", "un paso de gigante" para el urbanismo y la capacidad de edificación y de ubicación de superficies y ámbito terciario. Ha abundado en que el gobierno local de Vigo está "dando respuesta de forma inmediata a las necesidades inaplazables de la ciudad", y en que el hecho de que el plan fuera anulado por el Tribunal Supremo "no implica ningún retraso ni demora en ninguno de los desarrollos sensibles" del urbanismo de la ciudad.
Es más, ha recalcado que algunos ámbitos irán más rápido incluso que con el plan general en vigor, porque no estaban definidos al detalle, lo que requeriría "otros tres años más". Por lo demás, se ha ratificado en que la elaboración del nuevo plan general dependerá de que la Xunta firme el convenio para hacer frente a la mitad del coste de su elaboración, que ha cifrado en torno a 1,5 millones de euros.
