El Servicio Gallego de Salud (Sergas) rechaza el argumento de la dirección del hospital privado Povisa de vigo de que el preconcurso de acreedores que ha solicitado sea consecuencia de las pérdidas acumuladas tras la puesta en marcha del último concierto con la Xunta, en vigor desde 2014.
En un comunicado, el Sergas, dependiente de la Xunta, esgrime que se están cumpliendo "estrictamente" todos los términos del concierto público-privado asumido por ambas partes, así como las obligaciones económicas contempladas. Añade que desde que la dirección de Povisa le comunicó su situación económica se han celebrado "múltiples reuniones" para tratar de solventarlo y para acordar mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en la ejecución del concierto.
El Sergas indica sobre las discrepancias alegadas por Povisa sobre la interpretación del concierto que éstas ya fueron resueltas en sede judicial y confirmaron el criterio formulado por la Administración pública. Abunda en que desde que se firmó el convenio, en el que Povisa se comprometió a prestar asistencia a una población de 139.000 habitantes, no ha habido variaciones ni en la actividad asistencial ni en los indicadores establecidos que justifiquen modificaciones en las bases acordadas entre las partes.
El Sergas hace hincapié en que mantiene abiertos los canales de diálogo con la dirección de Povisa y que está al día en los pagos establecidos en el convenio, cuya vigencia se extiende hasta 2022. Garantiza, por último, que está trabajando en la búsqueda de soluciones "para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y la calidad de la asistencia recibida".
Povisa se apoya en un informe elaborado por "expertos independientes" para concluir que las pérdidas registradas entre 2014 y 2017 han sido motivadas exclusivamente por las pérdidas registradas en la actividad del sector público. Este informe fijaba en 30 millones de euros, a 31 de diciembre de 2017, las pérdidas derivadas del concierto desde su entrada en vigor en 2014, cifra a la que se suman los 9 millones de euros acumulados desde finales del año pasado y 3 millones de euros correspondientes a la detracción de tratamientos previos de 2014 a 2017.
