viernes. 29.03.2024

El sindicato CIG ha convocado el 30 de octubre una manifestación para lanzar un "SOS" por la situación de "riesgo" que padece la actividad industrial en la comarca de Vigo y baraja la opción de una huelga general. Así lo ha avanzado este miércoles el secretario comarcal de la CIG, Alberte Gonçalves, acompañado de responsables de las diferentes federaciones del sindicato, en una rueda de prensa en la que han exigido que Xunta y Gobierno central tomen la iniciativa y no se queden "de perfil".

 

El sindicato nacionalista, que no convenció a CCOO y UGT para una convocatoria de manifestación conjunta, esgrime que no puede "esperar más" para iniciar una "campaña de agitación", en vista de la pérdida progresiva del peso de la comarca viguesa en el PIB gallego, de empleo industrial y de precarización laboral. Este proceso de "desertización" y "desmantelamiento", ha planteado Gonçalves, está favoreciendo una creciente dependencia del sector servicios, en el que la temporalidad y el "empleo precario" son la nota dominante.

 

La CIG exige el "control público" de los astilleros Barreras y Vulcano, la creación de una mesa gallega de la automoción en la que se planteen contraprestaciones en forma de garantías laborales por las ayudas públicas concedidas. Asimismo, reclama la CIG una tarifa eléctrica industrial y la absorción del hospital Povisa por parte del Servicio Gallego de Salud, así como el rescate de la concesión del Álvaro Cunqueiro.

 

Sobre las últimas informaciones que apuntan al interés de una empresa gallega de instalar un centro de reparaciones navales en las instalaciones de Vulcano, Gonçalves ha dicho que desconoce los detalles, pero que, en todo caso, le parece "un globo sonda". Respecto a Barreras, el secretario comarcal de la CIG ha proclamado que ni la dirección saliente ni la Xunta se pueden "ir de rositas", porque "aquí hubo un robo". Gonçalves ha hecho hincapié en que Barreras "recibió dinero público" que "muchas veces" no se destinó al astillero, sino a empresas auxiliares, algunas de las cuales son propiedad del expresidente José García Costas.

 

Ha subrayado que si la CIG interpreta que ha habido "delito penal" lo denunciará públicamente, y si es necesario, en instancias judiciales. Y también ha recalcado que la Xunta "es responsable de esta historia" por su "complicidad", y, por tanto, "no puede ponerse de perfil". "Debe asumir las responsabilidades que le tocan, porque en todo momento tomó esto como propio", en alusión a la compra del astillero por parte de Pemex y luego en la búsqueda de nuevos clientes. EFE

CIG convoca una manifestación para lanzar un "SOS" por la industria de Vigo y baraja...