El juzgado de lo mercantil numero 1 de Pontevedra ha fijado para los días 11 y 12 de febrero de 2020 el juicio contra la compañía Audasa, concesionaria de la autopista AP-9, por el presunto cobro indebido de peajes durante el periodo en el que duraron las obras de ampliación del puente de Rande. En la vista previa celebrada este lunes, en la que Audasa ha vuelto a rechazar ofrecer compensaciones por los daños ocasionados a los afectados, el juzgado ha examinado diversas cuestiones procesales y ha fijado la prueba que se practicará durante el juicio.
El proceso fue iniciado por la Fiscalía de Pontevedra, que presentó una demanda colectiva a la que posteriormente se adhirieron dos asociaciones, Adicae y En Colectivo -esta última en representación de unos 200 afectados-, y ocho perjudicados a título particular. La empresa fue demandada por seguir cobrando de manera íntegra el peaje entre Pontevedra y Vigo a pesar de los doscientos atascos de tráfico que se produjeron durante las obras de ampliación, que se ejecutaron entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018.
Los demandantes reclaman la devolución del dinero pagado en los peajes durante las obras siempre que hayan sufrido atascos superiores a diez minutos, el tiempo que se tarda normalmente en recorrer este tramo de la autopista. Entre las cuestiones resueltas por el juzgado pontevedrés en esta vista previa se encuentra la negativa por parte del juez a que comparezcan como testigos, como pedían la Fiscalía y la asociación En Colectivo, hasta 82 de las personas afectadas por estos atascos.
El magistrado no los admite por ser "parte interesada" y entender que no son "útiles ni pertinentes" para aclarar los hechos porque son "directamente afectadas" y, por lo tanto, podrían no aportar datos objetivos. Tanto el fiscal como el abogado de la asociación de afectados han anunciado que presentarán un recurso de reposición contra esta decisión, ya que consideran que estos testimonios son "fundamentales" para certificar los hechos recogidos en la denuncia contra Audasa al ser los que circulaban por la autopista y los que "mejor pueden decir" lo que sufrieron. Por el contrario, el juzgado de lo mercantil numero 1 de Pontevedra pedirá a la Dirección General de Tráfico y a la Guardia Civil que identifiquen a todos los agentes de tráfico que trabajaron en el tramo en obras de la AP-9 durante las retenciones para que sean citados como testigos.
En esta vista previa, el juez se ha opuesto una vez más a la intención de Audasa de incluir al Ministerio de Fomento como parte demandada, cuestión que ya resolvió el tribunal hasta en dos ocasiones denegando la petición. La compañía ha presentado once testigos, todos con relación directa o indirecta con la concesionaria, y ha ratificado con la aportación de documentación que no considera que las obras fueran las causantes de las retenciones y, por lo tanto, no ve necesario indemnizar a los usuarios. Además, ha aportado un informe pericial que la Fiscalía y En Colectivo han tachado de "sesgado y tendencioso", ya que su autor tiene al grupo Itinere, propietaria de Audasa, como cliente casi exclusivo, lo que pondría en entredicho su objetividad, según los demandantes
