El gobierno de Ferrol ha contestado mediante una nota de prensa a las declaraciones realizadas esta mañana por el Partido Popular de la ciudad departamental, en las que cuestionaba la legalidad en las contrataciones de personal eventual.
De esta forma y según el gobierno local, el nombramiento y modificación del personal eventual del Ayuntamiento se hará cumpliendo los trámites exigidos en la administración municipal por lo que el asunto será abordado en el próximo pleno ordinario. El gobierno local asegura que la modificación de los puestos eventuales responden a las necesidades de las tareas propias que se desarrollan en la casa consistorial, con el objetivo de que el trabajo que llevan a cabo repercuta de forma positiva en la ciudad.
Tal y como reza el comunicado emitido por el gobierno local, asegura estar facultado por el artículo 12 de la Lei 7/2007, del 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 89 de la LRBL, para designar el personal eventual para realizar funciones expresamente calificadas como de confianza o de asesoramiento especial. Ambas normas diferencian el personal eventual de confianza del personal eventual directivo. En ningún caso, y contrariamente a las declaraciones vertidas por el grupo popular esta mañana, estas normas obligan a exigir titulaciones a las personas nombradas para dichos cargos.
El gobierno ferrolano comunica que el informe sobre personal eventual de confianza de la Federación Española de Municipios y Provincias corrobora lo expuesto.
Según el bipartito, los requisitos de las titulaciones provienen de la pasada legislatura, cuando el gobierno anterior decidió establecer requisitos de titulaciones para nombrar a su personal eventual de confianza, aumentando así sus salarios. Desde el equipo del alcalde Jorge Suárez, recuerdan que el número de asesores se redujo a cinco en esta nueva legislatura y redujo también el salario de sus asesores, que perciben 33.000 al año, lo que supone un ahorro de 22.763,88 euros con respecto a los salarios que el anterior gobierno local aprobó en el 2011.
