El Ayuntamiento de Ponte Caldelas ha anunciado hoy que presentará recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia contra la sentencia del juzgado de lo social número 3 de Pontevedra, que le obliga a reincorporar a las dos trabajadoras despedidas del Centro de Información a la Mujer (CIM). El fallo, que se conoció hace unos días, declara la existencia de relación laboral de estas dos trabajadoras con el ayuntamiento, por lo que considera nulo su despido.
En un comunicado, el gobierno municipal asegura "respetar" la resolución judicial pero dice "discrepar" en la decisión del juez de declarar la nulidad del despido, ya que la decisión del Ayuntamiento "solo consistió en la negativa a prorrogar un chapucero contrato de servicios heredado por el anterior ejecutivo".
Dicha prórroga, recuerda el ayuntamiento, contaba con las "advertencias reiteradas" de los técnicos municipales sobre su "irregularidad". La sentencia deja "muy clara", según el ayuntamiento, la "escandalosa" cadena de irregularidades del anterior gobierno del Partido Popular, al declarar como probado que el servicio fue adjudicado seis veces, entre julio de 2006 y enero de 2015, a las mismas trabajadoras "y se prorrogó en otras cinco ocasiones".
Además, el fallo destaca que las trabajadoras llegaron a trabajar "sin contrato" durante siete meses, que el Ayuntamiento le abonaba los periodos de vacaciones "aun siendo autónomas" y que el entonces alcalde, el popular Perfecto Rodríguez, les concedió un permiso de maternidad en dos ocasiones, lo que demuestra que "dependían organizativamente" del regidor.
"Si existe una relación laboral consolidada entre el Ayuntamiento y estas dos trabajadoras autónomas que solo deberían haber estado contratadas como cualquiera empresa de servicios será solo por la chapucera y vergonzosa gestión que ha hecho el PP", señala el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. El regidor ha pedido a la Xunta de Galicia, que ya ha exigido la reapertura del CIM, "menos demagogia y más racionalidad" para poner en marcha una red de centros "adecuada" a las necesidades "reales" de los ayuntamientos gallegos.
Este servicio, ha recordado, se presta actualmente en Ponte Caldelas con un servicio "más adaptado a la realidad", al estar contratada una abogada especializada en asuntos de familia que "da prioridad a los posibles casos de violencia de género".
