viernes. 29.03.2024

Funcionarios de la prisión de A Lama (Pontevedra) se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para denunciar los problemas de seguridad que se producen en el penal ante la escasez de personal, los recortes económicos y las agresiones a trabajadores. El portavoz de la plataforma Funcionarios de Prisiones Unidos en A Lama, Manuel Couto, ha explicado que para mejorar esta situación harían falta "como mínimo" medio centenar de trabajadores, un déficit que achacan a que "la gente se va jubilando" y esas vacantes no se cubren, ya que la relación de puestos de trabajo "es la misma".

 

Esta carencia de personal provoca que, en muchos módulos de la cárcel, haya "uno o dos" funcionarios para atender "hasta noventa internos". "Si yo estoy solo en un módulo y tengo un conflicto en una galería no puedo ni avisar que estoy en un apuro", ha denunciado Couto. En A Lama, ha detallado, actualmente hay 1.300 reclusos frente a las 1.077 plazas con las que se creó la prisión y tan solo 500 funcionarios, de los cuales únicamente 240 se encargan de tareas de vigilancia de la seguridad en el interior del penal.

 

El portavoz de los trabajadores ha explicado que en la cárcel Pontevedra hay presos yihadistas, bandas organizadas del este y "gente que está en la enfermería y que está muy mal, pacientes psiquiátricos que no sabemos cómo tratarlos", de modo que el día a día se ha complicado para los funcionarios que se encargan de su seguridad y, más, con la plantilla "mermada".

 

La plataforma, según ha explicado Manuel Couto, reclama que el Gobierno convoque una oferta de empleo público para cubrir vacantes y rejuvenecer la plantilla, frenar la pérdida de poder adquisitivo, tener la condición de agente de la autoridad o contar con una carrera profesional evaluable, entre otras medidas. Además, solicitan medios "coercitivos" para frenar las agresiones de internos a funcionarios y que en el caso de A Lama son "frecuentes" ante la falta de personal. La plataforma de trabajadores también denuncia la "privatización progresiva" de las prisiones españolas, que ha comenzado con la vigilancia exterior y que, según han denunciado, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pretende continuar con nuevos servicios.

Funcionarios de la prisión de A Lama alertan de la falta de personal