La Plataforma recuerda que el rechazo de la Administración tuvo que ver con el incumplimiento de los requisitos impuestos a la compañía, que exigían multiplicar por 60 los fondos propios alcanzando el 25% de la inversión prevista durante la vida útil de la mina (27 millones de euros) y que los parámetros contables y de liquidez solicitados, a los que la minera no pudo hacer frente, lo fueron dada la envergadura y los riesgos del proyecto, muy distintos a los de otras adjudicatarias de derechos mineros en Galicia.
En la reunión de la Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo celebrada en pasado 19 de diciembre en el Parlamento de Galicia, el Director Xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, afirmó que no parece procedente que se presente ninguna reclamación patrimonial por parte de Edgewater porque "no se dan los supuestos para eso, hay una solicitud denegada por resolución firme en vía administrativa, totalmente conforme a derecho y en ese sentido no cabe responsabilidad de la Administración". Como insistió entonces "no hay ninguna circunstancia, ni de Hecho ni de Derecho para que se estime el recurso administrativo interpuesto".
Por otra parte, la minera superó el plazo establecido en julio de 2013 por la Consellería de Economía e Industria para acreditar una solvencia mínima sobre la inversión del proyecto y un compromiso en firme con el resto de la financiación, aportando además la documentación exigida que acreditase la capacidad técnica de la empresa para desarrollarlo, por lo que, tal como señaló la propia Xunta, no cabe reclamación alguna por daños patrimoniales al tratarse de un proyecto en fase de tramitación en el que se incumplieron los requisitos planteados.
NOTABLES DIFERENCIAS CON OTROS PROYECTOS MINEROS
Llama la atención, en cualquier caso, que Edgewater quiera hacer un agravio comparativo y equiparar ahora el proyecto minero de Corcoesto con el trato recibido por otras compañías mineras por parte de las autoridades de la Xunta, cuando la dimensión de la propuesta en la mina de oro en Corcoesto fue desde el principio absolutamente distinta a cualquier otro plan extractivo desarrollado previamente en territorio gallego.
Así, preveía utilizar en un primer momento inmensos volúmenes de reactivos, como 798.000 kg. de sosa cáustica, 546.000 de cianuro o 357.000 de ácido clorhídrico anualmente en la recuperación del mineral, generando al final de la vida útil del proyecto más de 17 millones de toneladas de residuos tóxicos que quedarían almacenadados en la Comarca de Bergantiños como un regalo envenenado para futuras generaciones.
Durante la fase de información pública de la ampliación para integrar la concesión Julia-2, se hizo público, además, que el objetivo prioritario de la empresa era la obtención de todos los derechos mineros disponibles tanto alrededor del proyecto de Corcoesto como en otras zonas a lo largo del cinturón aurífero Malpica-Tuy aludiendo a que podrían beneficiarse de una planta de cianuración ya en funcionamiento y próxima con lo que cabe preguntarse cuál hubiera sido el volumen de reactivos a emplear y el nivel de generación de residuos si los planes de la transnacional minera hubiesen salido adelante.
