La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha marcado un mes de plazo para las reclamaciones económicas que se harán por la vía civil por las consecuencias del hundimiento del Prestige, que la Fiscalía cifró en 4.328 millones de euros.
El Tribunal Supremo revocó la sentencia de este caso y condenó al capitán del barco, Apostolos Mangouras, por un delito contra el medio ambiente, además del de desobediencia original, lo que abre la puerta a solicitar compensaciones por los daños que se produjeron en las costas.
La Fiscalía reclamó en concepto de responsabilidad civil 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra que produjo el hundimiento el 19 de noviembre de 2002 del buque frente a las costas gallegas y que afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia Ahora la Audiencia ha emitido un auto que, según han revelado fuentes judiciales a Efe, da "un mes a las partes, a las que se les pide que concreten sus peticiones en la vía civil".
Estas partes que deben cifrar sus peticiones económicas son las asociaciones Arco Iris y Nunca Máis, representantes de trabajadores del mar y empresas como Frigoríficos Ribadeo, Isidro de la Cal, Amegrove y Proinsa.
El Estado español también estaba personado, con recursos en nombre de la Administración General del Estado, el Ministerio Fiscal y la Xunta de Galicia. En Francia se unieron estos recursos presentados en su día, y, así, el Estado francés envió un escrito, y también lo hizo el Consejo General de Bretaña, la comuna francesa de Capbreton y el Consejo General de la Vendée.
La sala tiene la intención de suspender por tres años el cumplimiento de la pena de Mangouras, condenado a dos años de prisión, lo que notificará en breve a las partes a través de un auto firmado, pues ya se conoce de manera extraoficial.
