jueves. 28.03.2024

La asociación ecologista Arco Iris ha presentado en el Tribunal Supremo el recurso de casación a la sentencia del Prestige al argumentar que la lesión jurídica que produjeron aquellos hechos es de "máxima gravedad" entre los delitos contra el medioambiente y supone "la gran catástrofe ecológica de este siglo". Así lo argumenta Arco Iris en el recurso que ha presentado al Supremo, al que ha tenido acceso Efe, y en el que sostiene que bajo el punto de vista de todo el movimiento ecologista verter residuos nucleares a la fosa atlántica, productos químicos y material inorgánico a los mares, es un "delito de lesa humanidad".

 

Por ello, ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña con fecha 13 de noviembre de 2013 al amparo y en base a los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva; y 849, 851, 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por error en la apreciación de la prueba y quebrantamiento de forma. Otras diecisiete partes han recurrido la sentencia en la Audiencia de A Coruña antes de formalizar el trámite en el Supremo, que por el momento ha realizado además la Xunta de Galicia. El tribunal del Prestige emitió el pasado noviembre la sentencia tras diez años de instrucción y nueve meses de juicio oral. Absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente, y condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia.

 

El fallo exime además al Estado de sufragar los gastos por los daños originados y supone que los españoles, especialmente los gallegos, no puedan resarcirse de unos daños morales que la Fiscalía valora en 1.212 millones de euros, del total de pérdidas provocadas por el hundimiento del petrolero, que se cifraron en 4.328 millones. Arco Iris, que se personó en la causa mediante querella en el Juzgado de Instrucción de Corcubión con fecha 22 de noviembre del 2002 en calidad de acusación particular, pretende que el Tribunal Supremo "se pronuncie de una manera clara y concisa sobre determinados comportamientos consumados de manera dolosa mediante imprudencia grave, relativos a conductas tipificadas como ataques graves al medio ambiente y a los recursos naturales".

 

La marea negra causada por el hundimiento del petrolero -63.000 toneladas de fuel vertidas- afectó a 2.980 kilómetros de costa, a 1.137 playas, 450.000 metros cuadrados de roca se impregnaron de chapapote, 526 toneladas de fuel se depositaron en los fondos de la plataforma continental, y hubo una mortalidad estimada de 115.000 a 230.000 aves marinas, entre otras afecciones. La asociación se refiere en el exordio a la relación entre la fletadora del "Prestige" Crown Resources y la aseguradora London P&I Club, "el gran tapado del presente caso debido a sus múltiples intereses financieros, empresariales, políticos y económicos", y denuncia que las condiciones laborales por parte de la armadora en relación con su tripulación Filipina es de "neoesclavismo". Considera además que "el Estado Español de manera temeraria y sin saber nadie las verdaderas razones, decide pleitear contra la referida ABS -multinacional clasificadora de EEUU- en Tribunales estadounidenses". Y sostiene que se desconoce "algo tan fundamental como es el destino del buque petrolero después del siniestro de fecha 13-11-2002".

 

"¿Cómo pudo aguantar un buque que era una chatarra seis días, recorriendo 240 millas medio de fuertes temporales antes de partirse y hundirse?", se pregunta en el recurso. Según Arco Iris, "el destino final del Prestige no era Singapur ni Gibraltar; siendo esto una responsabilidad directa de la fletadora Crown Resources", y ante una avería como la del Prestige, cargado con casi 70.000 toneladas de fuel altamente contaminante, recuerda, la Audiencia Provincial afirma que se deberían haber estudiado "con seriedad y sosiego" otras alternativas al alejamiento del buque, tales como por ejemplo la posibilidad del trasvase. Para esta asociación ecologista, el delito medioambiental derivado del vertido directamente del fuel del buque "Prestige" fue cometido por "imprudencia grave" y cita el caso de la rotura de la presa de la mina de Aznalcóllar en 1998, que "no es solamente un símbolo de una impunidad, sino también de la inteligencia y picaresca de la empresa implicada".

 

"En el caso que nos ocupa -continúa-, es el vertido de fuel al Océano Atlántico, donde también hubo peligro para la salud de las personas y trajo consecuencias graves para los voluntarios y habitantes de las costa de Galicia". Por ello, entiende que hay una relación de causalidad directa entre el delito de desobediencia por el que se condena al capitán del "Prestige" y el delito medioambiental en relación con los daños ocasionados al entorno natural y al ecosistema marino.

 

Sobre el exdirector general de la Marina Mercante aclara que "no ha cometido un delito por omisión", sino por acción "desde el momento en que la Administración Central del Estado asumió el mando y el control del petrolero averiado, a partir del día 15 de noviembre del 2002", por lo que "desde el momento que es relevado del mando del "Prestige", la responsabilidad de verter fuel al océano es de la Administración del Estado". Expertos sostienen que una vez dilucidada la responsabilidad penal y al margen de los recursos que se puedan presentar a la sentencia, el proceso puede continuar y dirimir eventuales responsabilidades civiles que puedan plantear los afectados.

 

En este caso, podrían acceder a la vía civil los afectados que no cobraran los anticipos del Estado en concepto de indemnización por los daños del Prestige y solicitar las indemnizaciones a cargo del Fondo Internacional de Indemnización de Daños (FIDAC). El FIDAC ha pagado en indemnizaciones 120 de los 151 millones a abonar a los afectados por la marea negra, una cantidad que era la máxima establecida en 2002 por contaminación de hidrocarburos, pero la catástrofe del Prestige hizo revisar esta normativa y en la actualidad esa cifra rondaría los mil millones.

 

Arco Iris recurre al Supremo la "gran catástrofe ecológica de este siglo"