viernes. 29.03.2024

La Audiencia Provincial de Ourense ha ordenado la reapertura de la investigación por presuntas irregularidades detectadas por la Oficina europea contra el fraude (Olaf), en la adjudicación de un centenar de plantas depuradoras en municipios del rural, y que se investiguen diferentes contratos.

 

En un auto conocido hoy, la sala ha estimado el recurso presentado por el PSdeG de Ourense y ha dictaminado la reapertura del caso de las depuradoras, enmarcadas en los proyectos Daredo y Deputrans, al considerar cuando menos "cuestionable" la decisión del juez de separar la investigación en dos partes. El juzgado de Instrucción número dos había archivado la investigación en cuanto al procedimiento de licitación y adjudicación de las plantas depuradoras y pedía que continuasen las presentes actuaciones como diligencias previas en orden a la averiguación de si concurre ilícito penal en la adjudicación de las asistencias técnicas realizadas a una empresa Netglobal para la realización de las mismas.

 

Consideraba difícil de explicar la redacción de 27 fichas en el escaso periodo de tiempo que media entre la propuesta de la mesa de contratación y la facturación de las mismas. Esta sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, ve "cuestionable" la separación de la causa en dos partes y aduce que se trata una sola "en la que se imputa un irregular comportamiento a un organismo de la Administración local", en relación a contrataciones subvencionadas con Fondos Feder. Para los magistrados, "sólo cabe decretar el archivo en el momento en que la instrucción haya concluido en relación a ambas contrataciones" y cuando de la misma "se desprenda que no median indicios de comisión delictiva".

 

Entiende que la recopilación de información en este momento procesal "resulta escasa" al haber declarado únicamente los implicados en las contrataciones, como técnicos y representantes de las empresas y ve necesario citar a los investigadores que llevaron adelante el caso. Según el auto, el informe sobre el que se asienta esta causa recoge "graves irregularidades detectadas en la contratación" que podrían conllevar "el claro favorecimiento de unas empresas del mismo grupo, excluyendo de toda posible competencia a posibles licitadores". Por este motivo, pide que continúe la instrucción "sin que ello signifique cuestionar decisiones políticas", ha abundado.

 

La Diputación defendió entonces que las prescripciones técnicas del pliego respetaron escrupulosamente la ley en base a que el ente provincial podía establecer las prescripciones técnicas que considerase más convenientes para garantizar la calidad de los suministros. El caso se abrió a raíz de tres denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en el procedimiento de pliego al entender que se correspondían con los requisitos técnicos de la empresa SMA con lo que el proceso "estaría viciado". La primera de ellas fue archivada y se presentaron dos nuevas denuncias a instancias de BNG y PSOE. Contra la sentencia, que es firme, no cabe recurso.

 

La Audiencia de Ourense ordena la reapertura del caso de las depuradoras