viernes. 29.03.2024

El vertido tóxico registrado en junio de 2009 en el río Barbaña, en la ciudad de Ourense, que provocó la muerte de 17.000 peces afectando a toda la cuenca fluvial, en uno de los episodios más graves desde el punto de vista medioambiental, llega a juicio nueve años después.

 

El juzgado de lo Penal número dos de Ourense acogerá la próxima semana (10, 11 y 12) la vista oral tras un largo periplo judicial, en que el titular del juzgado de instrucción número uno, Leonardo Álvarez, archivó el caso al no apreciar delito penal, decisión que posteriormente fue revocada por la Audiencia Provincial que ordenó seguir adelante con el procedimiento. En el banquillo de acusados, se sentarán directivos y técnicos de la empresa responsable de la gestión de las aguas, Espina y Delfín: en concreto, Rosa Blanca R.G. (administradora solidaria), Manuel C.M. (encargado del limpieza y mantenimiento de la Edar); Pablo R.P. (encargado del control de funcionamiento de las instalaciones de aguas residuales) y Enrique Jesús I.P (jefe de servicio).

 

El Ministerio Público reclama para cada uno de los inculpados penas de tres años de prisión, además de multa de 18 meses a razón de cincuenta euros diarios, propuesta a la que se adhirió el abogado del Estado. La fiscal de Medio Ambiente, Carmen Eiró, tipifica los hechos como una "imprudencia grave" en el proceder de Espina y Delfín, responsable de la gestión del servicio de depuración de aguas residuales en San Cibrao, por no haber activado el tanque en el momento en que recibió los metales pesados -residuos industriales- a través de la red de saneamiento, lo que, a su juicio, hubiera permitido neutralizarlos.

 

"Tanto el diseño de la EDAR, como las autorizaciones de vertido y los límites de los mismos, eran perfectamente conocidos" por los acusados, en virtud del contrato de concesión de la entidad Espina y Delfín S.L y el Ayuntamiento de San Cibrao de Viñas, de 15 de enero de 1997, sostiene la fiscalía. Para la fiscal, los inculpados, "de común acuerdo y, en cuanto responsables de la concreta gestión y explotación de la estación depuradora y perfectamente conocedores (…) de que en la misma se recibía caudal de agua procedente de los distintos polígonos, de contenido altamente contaminante, que por su volumen y composición no podían ser tratados adecuadamente ni neutralizados, no adoptaron ninguna medida concreta tendente a evitarlo, en claro incumplimiento de lo dispuesto en la autorización de vertido".

 

A su entender, "de estar en funcionamiento el tratamiento físico-químico tampoco se habría evitado el vertido", y señala que, hasta entonces, no constaba ninguno de consecuencias tan dañinas. La Confederación Hidrográfica Miño-Sin halló entonces una "elevada concentración" de metales pesados, entre ellos, boro, aluminio, cromo, magnesio, hierro, níquel, cobre, zinc, cadmio y cobalto, en algún caso con valores "120 y 200 veces superior" a lo permitido y que, para la fiscal, "se podrían haber neutralizado con sustancias alcalinas" evitando así que se vertiera al río Barbaña.

 

Asimismo, la fiscal hace alusión al "grave impacto ambiental" que se concretó en la "mortandad masiva" de peces, hasta 17.013, principalmente bermejuelas (12.942), 815 bogas, 3.156 gobios, 81 espinosos además de 16 truchas y dos cangrejos americanos. En cuanto a los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico, se remite a la estimación realizada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de "219.849,89 euros" y 4.194,95 euros por el canon de control de vertidos complementario junto con otros 3.460.10 euros que tuvo que destinar el ayuntamiento para proceder a la retirada de los peces. Recientemente, el colectivo ecologista Plataforma Ríos Limpios cuestionaba los continuos vertidos que recibe el Barbaña y recordó el reciente vertido de 5.000 litros de aceite, y ya avanza actos de protesta cuando comience el juicio.

La muerte de 17.000 peces en un río ourensano llega a juicio 9 años después