Álvaro García Ortiz, fiscal de Medio Ambiente en Galicia y presidente de la Unión Progresista de Fiscales, considera "muy controvertida" la prórroga concedida a Ence para continuar otros 60 años más en la Ría de Pontevedra, pero, pese a que la decisión la tomó un Gobierno en funciones, aclaró que "no hay motivos para actuar de oficio".
"Como fiscal no tengo opinión, es un tema social y jurídicamente muy controvertido, lo ha sido siempre. Hay que recordar que Ence o directivos de Ence ya han tenido una condena por delito ecológico en el año 2002", apuntó en una entrevista en el programa Galicia por Diante de la Radio Galega. García Ortiz aseguró que desde el punto de vista penal "no hay nada que decir", y, a modo individual, reiteró que necesitaría "entrar en el procedimiento" para tener una opinión "formada" sobre el caso.
"Si en algún momento se presenta una denuncia y fuera de mi competencia habría que manifestarse por escrito, pero mientras tanto la Fiscalía es un espectador más como puede ser cualquiera. Es un caso que está en la controversia social y por lo que hemos visto ayer también en la controversia política", subrayó.
El fiscal delegado de Medio Ambiente entiende que la papelera se ha convertido "en una especia de símbolo", y esa "naturaleza simbólica" provoca que todo lo que ocurre relacionado con su futuro tenga "más relevancia". "Si nos ponemos en el lado de la industria o de las empresas es una forma de trabajo legítima y productiva para ellos; y si nos ponemos en el lado del ecologismo y de aquellos que defienden a ultranza valores ambientales es una especie de símbolo que debería de desaparecer de la Ría de Pontevedra.
Estamos en la polémica absoluta", insistió. No oculta que 60 años son "muchos años de concesión", pero como fiscal dijo "no ser capaz" de valorar si un gobierno en funciones puede conceder una prórroga de esta magnitud, máxime cuando se está decidiendo si un gobierno en funciones "debe o tiene que someterse al control de la Cámara, que es una discusión que parece más sencilla". El también presidente de la Unión Progresista de Fiscales ha vuelto a demandar la creación de una Fiscalía Anticorrupción en Galicia, lo que, a su juicio, ayudaría a ser "más eficaces", tras admitir la controversia que supone que decidan su apertura las mismas personas, en alusión a los políticos, que podrían ser "investigados" por ese órgano judicial.
En este sentido, indicó que en España sí hay "una separación real de poderes", aunque exista "como en todas las partes del mundo" una "tensión" entre los tres poderes, "entre el juez que investiga y de alguna manera toca fibras de poder que son muy sensibles y tienen una capacidad de reacción que no tiene otro ciudadano".
Consultado por la disputa que mantienen el ex secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la jueza Pilar de Lara, después de que el primero denunciase a la magistrada por un posible delito de prevaricación judicial, García Ortiz respondió que "no estamos jugando una partida de ajedrez, aquí el que investiga es el juez o magistrado". "El resto son -continuó- manifestaciones lógicas de quien se siente investigado y de quien ha tenido que tomar decisiones personales supongo que dolorosas para él, pero insisto en que no es una partida de ajedrez en condiciones de igualdad", concluyó.
