La Asociación Animalista Libera se siente "decepcionada" con la Xunta, una institución en la que ven "inopia", debido a la falta de respuesta a las más de 300 denuncias sobre venta irregular de animales a través de portales web que han cursado durante 2019.
"La Xunta prohíbe el comercio de animales sin un número de inscripción en el Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos (Reganuz), pero Internet se ha convertido en coladero y no tienen una estrategia clara para afrontar esta problemática", explica en declaraciones concedidas a Efe el coordinador de Libera Galicia, Rubén Pérez.
La asociación ha registrado hasta 240 denuncias relacionadas con la compraventa irregular de animales, así como otras 60 relativas a lo que denominan como "proxenetismo animal", esto es, anuncios de intercambio de cachorros o de montas a cambio de una contraprestación económica, que puede alcanzar los 3.000 euros por ejemplares con pedigrí.
Mientras que las transacciones que se realizan en establecimientos autorizados o con el número de registro ofrecen y demandan todas las garantías, en estos portales web -entre los que se incluye el principal sitio de anuncios clasificados de España- se puede ofrecer la venta de animales sin utilizar ni siquiera un nombre real.
"Esto abre la puerta al fraude fiscal, ya que los vendedores ni pagan nada, ni están dados de alta, ni abonan IVA, ni autónomos ni IRPF", denuncia Pérez, quien también responsabiliza a estos portales porque, lejos de retirar los anuncios, "los publicitan e incluso ofrecen micropréstamos para adquirirlos".
Al detectar un anuncio de este tipo, desde Libera se cercioran "de que cumple todos los criterios", como la ausencia de un número de registro, hacen una captura de pantalla del mismo y guardan el enlace; cuando hay reunido alrededor de treinta casos, le remiten estos paquetes a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
"Enviamos alrededor de 300 denuncias, pero tan solo recibimos dos escritos en los que aseguraban que se remitían oficios al portal que alojaba el anuncio en cuestión pidiéndole que se cumpliese la legislación", relata Pérez, quien asegura que la última respuesta recibida por parte del Gobierno autonómico data del mes de febrero.
Desde Libera lamentan que éste sea el procedimiento a seguir, ya que en otras instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona, "acompañan los oficios de una propuesta de sanción", una práctica similar a la que lleva a cabo la Generalitat de Catalunya. "Ellos alegan que no lo pueden controlar todo, pero realmente sería muy fácil: basta con obligar a que, si quieres poner un anuncio de venta de animales, tengas la obligación de poner el número de registro en el Reganuz, así veríamos cómo sí se cumpliría la norma", propone.
Este activista recuerda que los animales comprados por esta vía -muchos de ellos perros de caza- son abandonados con más frecuencia, toda vez que el comprador, de cara a la administración, no guarda relación alguna con ellos. "Al final, el abandono de animales acaba generando un mayor gasto público a las administraciones y, específicamente, a los ayuntamientos, que son los responsables de su atención", afirma Pérez.
Libera pudo constatar que, con la publicación de la Ley de Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia, se redujo el número de anuncios durante las primeras semanas "ante el miedo de que se pudiera multar", pero la situación volvió pronto a la normalidad. "Lo que nos parece preocupante es que la Consellería competente no actúe, lo que da pie a que cualquiera entienda que puede poner este tipo de anuncios sin ningún tipo de represalia", concluye.
A día de hoy, basta con acceder a alguno de esos portales web totalmente convencionales para observar anuncios con nombres falsos en los que se ofrecen perros y hasta camadas enteras por un euro.
