La Guardia Civil investiga al propietario de un concesionario de coches de la comarca pontevedresa de O Salnés y a su esposa, que están acusados de vender vehículos de ocasión con el cuentakilómetros manipulado. Ambos están investigados por un delito de estafa, según ha confirmado el instituto armado, que cifra en unos 33.000 euros las ganancias obtenidas por la pareja por los sobreprecios que aplicaron en el coste de los coches.
Los investigadores han logrado acreditar que fueron alterados los odómetros de una docena de vehículos, con el objeto de disminuir el totalizador del kilometraje y venderlos más caros que el precio de venta del mercado de ocasión. Una denuncia presentada por un vecino de Madrid, a finales de 2018, fue la que provocó el inicio de esta investigación de la Guardia Civil. En el año 2015, esta persona había comprado en este concesionario un vehículo con 117.897 kilómetros y, al hacer la ITV del año 2017, comprobó que en la ITV del 2010, el coche ya tenía rodados 448.019 kilómetros.
El concesionario había adquirido vehículo por el precio de 2.100 euros y lo vendió por 5.100 euros, con cerca de 330.122 kilómetros menos. Después de varios meses de gestiones, la Guardia Civil concluye la operación con la investigación del dueño del concesionario y de su esposa como presuntos autores de un delito de estafa, a los que se les atribuyó también la comisión de otra docena de hechos de las mismas características.
En transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que habían manipulado a la baja los kilómetros de, al menos, otros once vehículos que se vendieron durante un periodo de tiempo en el que figuraba como propietaria de los mismos la esposa del dueño del taller. A pesar de que adquiría los vehículos con un número elevado de kilómetros, los vendía con un registro muy inferior, en algún caso con casi 400.000 kilómetros menos, lo que aumentaba significativamente el precio de venta.
Las diligencias instruidas se entregaron en el juzgado de instrucción de guardia de Cambados, donde deberán comparecer los investigados cuando sean requeridos por la autoridad judicial.
