El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha presentado hoy el Anteproyecto de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, para el que ha pedido "consenso", puesto que será el "eje vertebrador" de un valor tan importante para la Comunidad, como es su patrimonio, y dará más responsabilidades a los Ayuntamientos en cuanto a la protección del mismo. En la presentación del anteproyecto en rueda de prensa en Compostela, Rodríguez ha reclamado "participación ciudadana" para que durante este mes se presenten las alegaciones que se consideren adecuadas y positivas en esta fase preliminar, "para mejorar la norma, y para procurar el máximo consenso".
Según lo explicado, la nueva ley contempla una "simplificación normativa" respecto a la actual, redactada hace ya "20 años", por lo que presenta aspectos desfasados. De este modo, el anteproyecto deroga y refunde lo dispuesto en las diferentes leyes de Patrimonio Cultural de Galicia, de Protección de los Caminos de Santiago, y en la Ley de trabajos de dotación artística en las obras públicas y en los Caminos de Santiago de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La nueva ley, ha dicho, permitirá recoger los avances dispuestos en las políticas de gestión patrimonial durante las dos últimas décadas, para conseguir "una más fácil y eficiente gestión administrativa y una mejor seguridad jurídica", que sea "más próxima a los ciudadanos". En este sentido, ha señalado que se mantendrán los niveles de protección previstos en la ley vigente en la actualidad, pero modificándolos y adaptándolos a los "nuevos tiempos".
Consecuentemente, la norma definirá nuevas tipologías patrimoniales, reduciendo a dos las categorías de bienes del patrimonio cultural de Galicia, por un lado los Bienes de interés cultural (BIC) y por otro los Bienes catalogados, que contarán con su instrumento de registro independiente: el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia y el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia. La norma dotará de una regulación específica nuevas tipologías patrimoniales, mejorando, de este modo, la protección en los terrenos del patrimonio Inmaterial, el Subacuático, el Industrial y el Científico. Para gestionar todo ello, la Xunta buscará la implicación de los ayuntamientos a través de la habilitación legal que lo permita, con lo que se pretende ofrecer una "mejor protección del patrimonio de Galicia".
En este sentido se permitirá que los Ayuntamientos puedan autorizar "determinadas intervenciones" respecto a los bienes catalogados, permitiendo que éstas sean "más ágiles y participativas", ya que estas actuaciones no tendrán la obligación de ser evaluadas por la Comisión Provincial de Patrimonio, como si era necesario hasta ahora. Esta es, así, una de las novedades más significativas de la nueva Ley, ante la que el conselleiro ha explicado que la habilitación para que los ayuntamientos puedan autorizar intervenciones en determinados bienes catalogados del patrimonio arquitectónico y etnológico será "voluntaria" para los municipios y bajo determinados supuestos que "garanticen" la capacidad de asumir esta función.
A este respecto, el conselleiro ha preferido "poner la tirita antes de la herida" y ha subrayado que en ningún caso descenderá el nivel de protección y control referentes a los bienes patrimoniales. Por otro lado, según ha señalado Rodríguez, el anteproyecto de ley creará el Censo de Bienes Culturales de Galicia, un instrumento de divulgación que será periódicamente actualizado para convertirse en una herramienta más en la protección del patrimonio.
Por su parte, el secretario general técnico, Jesús Oitavén, ha explicado que la regulación de la actividad sancionadora presentará la clarificación de tipología de infracciones entre graves y muy graves, que tendrán sanciones de hasta un millón de euros si no se puede cuantificar el valor del daño, ya que de poderse la multa será del "tanto al cuádruplo". Desde hoy el borrador del anteproyecto estará colgado y a disposición de la ciudadanía, abriéndose el plazo de exposición al público para alegaciones.
Tras ello, se hará el envío oficial para alegaciones a la Fegamp, a la Academia de Bellas Artes, a las Universidades, al Colegio Oficial de Arquitectos, a las Asociaciones del Camino de Santiago, a las Secretarías Generales Técnicas de las Consellerías y a la Secretaria General de Urbanismo. Será durante el mes de julio cuando se analicen dichas alegaciones, para remitirlo en agosto al Consello da Cultura, para que sea en septiembre cuando el texto se eleve para su aprobación en el Consello de la Xunta y se remita al Parlamento.
