Unións Agrarias (UUAA) ha denunciado el "fraude generalizado" que pretende la industria láctea al modificar los contratos unilateralmente con una bajada de precio, mientras el Ministerio y la Xunta "miran para otro lado".
El secretario general de UUAA, Roberto García, denunció en conferencia de prensa que la industria está distribuyendo desde el pasado fin de semana en las explotaciones contratos que modifican los ya firmados con una rebaja de precio, cuando, sin aviso previo, como ha sido, tendrían que prorrogarse hasta el 31 de diciembre. García recordó que la mayoría de los productores están sin contrato y el 90 por ciento de los firmados son de duración de tres meses, cuando la ley obliga a que sean negociados y por un año.
Explicó que, además, los contratos, que concluyen el 30 de septiembre, recogen que el precio no se puede modificar si no hay un aviso previo por una de las partes, lo que no ha ocurrido, por lo que estarían prorrogados automáticamente, como recoge la ley, insistió.
El sindicalista apuntó también que, si bien en enero Galicia contaba con los precios más altos de España, por necesidad de leche y precios industriales altos, ahora es la Comunidad con los más bajos, cuando España, a su vez, siendo deficitaria, los tiene en su conjunto más bajos que países excedentarios como Holanda, Alemania o Francia. Para Roberto García, el planteamiento ahora de la industria es de "fraude generalizado", porque "ya existen contratos en vigor que no contemplan la bajada de precio" unilateralmente.
En su opinión, para que la industria pueda proceder a este "engaño generalizado", que prohíbe expresamente la ley, "es preciso que la administración siga mirando para otro lado", pues el paquete lácteo establece que es la que tiene que tomar medidas de control y seguimiento e impedir que la leche sin contrato o los productos derivados de ella puedan llegar al mercado.
García dijo no ser jurídico, pero avanzó que considera que la actitud de la Xunta y el Ministerio es de "prevaricación" y pasarían a ser "colaboradores necesarios" del "fraude generalizado" de la industria, ya que las autoridades tienen la obligación -insistió- de cumplir y hacer cumplir la ley. Concluyó que no sabe si Núñez Feijóo tiene competencias para vender coches o para vender barcos, "pero para hacer cumplir la ley debería tenerlas" y afirmó que el sector "no le pide un favor, sino que haga cumplir la ley".
