El sector lácteo gallego considera que está padeciendo una "guerra total", en la que la industria "campa a sus anchas" y la administración se limita a "levantar acta de la defunción". En este sentido se manifestaron en conferencia de prensa los secretarios generales de las tres organizaciones agrarias más representativas, Unións Agrarias, Roberto García; Xóvenes Agricultores, Francisco Bello; e Isabel Vilalba, Sindicato Labrego Galego. Los sindicatos hablan de imposición ilegal de condiciones por parte de las industrias, que obligan a los productores a ventas a pérdida, en una especie de ejercicio del "derecho de pernada", por lo que informaron de que las ventas del mes de mayo no podrán gestionarse como hasta ahora y, en caso contrario, estudiarán medidas "más drásticas", como la huelga de entregas, un paso que desean evitar, porque el mayor perjudicado sería el propio sector. El secretario general de UUAA, Roberto García, explicó que la "práctica totalidad" de los contratos que se están firmando son ilegales, porque son producto de una "imposición", donde la industria exige la "adhesión" del productor "bajo amenaza" de no recogida y en los que el precio final es el primero que pone la industria sobre la mesa.
Además, los criterios de indexación de referencias son también impuestos por los compradores y no son objetivos, y se exige la renuncia a la duración de un año con una "hoja que ya viene cumplimentada" y que es igual para el conjunto de las explotaciones, lo que demuestra la inexistencia de una negociación en pie de igualdad, como reclaman. Los sindicalistas informaron de que la próxima semana iniciarán contactos para modificar esta situación y que no se prolongue en el próximo mes, que comenzarán con los Ayuntamientos de las principales comarcas lecheras, que normalmente no tienen una alternativa productiva, para demandar de las empresas que se corrija la actual situación de mutuo acuerdo, pues, en caso contrario, plantearían "otro tipo de medidas".
Francisco Bello, de Xóvenes Agricultores, lamentó, en referencia al paquete lácteo, que lo que pretendía ser una "herramienta" para la defensa del sector se ha convertido en un "arma arrojadiza" contra el ganadero, que queda en una "indefensión tremenda" por la "imposición" de las empresas y la inexistencia en la práctica de un contrato obligatorio. Bello subrayó que hay ganaderos que están recibiendo advertencias de la industria de que, si no firman en 48 horas, dejarán de recoger la leche, en un "pulso" que le plantea a la administración para flexibilizar el marco.
Los representantes de las tres organizaciones coincidieron también en la necesidad de introducir referencias objetivas y comprobables para la elaboración del precio y defendieron que uno de ellos fuesen los costes de producción y bajo la supervisión de un observatorio público. Vilalba, por su parte, demandó que se reconsidere la ilegalidad de los contratos firmados hasta ahora y la administración cumpla su papel, para el que tiene competencias y herramientas legales, porque, a su entender, la situación es de "una guerra en la que nosotros somos los rehenes", como "el eslabón más débil de la cadena".
La representante del SLG recordó el documento firmado por la conselleira en diciembre de 2012, respaldado por el presidente de la Xunta, donde se planteaban mecanismos para romper con el "dominio de la industria" y, desde entonces, no se ha producido ningún avance, "sino un retroceso" y, con afirmaciones de que se trata de un sector estratégico, la administración gallega se está "desentendiendo". A preguntas de los informadores, García resaltó que la administración tiene competencias para declarar ilegales los contratos que se están firmando bajo imposición y subrayó que no desean un "precio político, sino de mercado". Para García, los contratos "rozan la apropiación indebida" y la situación en Galicia no es sectorial, sino que afecta al conjunto de Galicia, por la importancia económica y de empleo que genera, y los productores se ven sometidos a precios de entre 21 y 26 céntimos en muchos casos, que suponen un "suicidio económico".
"La Xunta de Galicia sí tiene competencias y no puede afirmar que se trata de un asunto entre particulares y limitarse a levantar acta de defunción", reiteró. Bello recordó que con la Ley de la Cadena Alimentaria existe un régimen sancionador que se debe aplicar y Vilalba insistió en que también la ley prohíbe la venta a pérdidas y, en el caso del lácteo gallego, se trata de una "imposición de venta a pérdidas".
En cuanto a los márgenes, explicó que el precio medio en febrero en Galicia fue de 30 céntimos y en el Estado de 32, lo que supuso, para el ámbito español y en 2014, una pérdida de margen del 25 por ciento, que en Galicia es mayor. Según Bello, el sector "pasó de la tiranía de las cuotas a la tiranía de la industria". "Hoy no existen cuotas, pero las pone la industria", coincidió Vilalba.
El secretario de UUAA recordó que los países excedentarios de Europa están trabajando en torres de polvo para hacer frente a una demanda emergente, mientras que España, deficitaria, "está jugando a la corta", en una situación en que puede llegar a ser la industria la que decida qué ganaderos pueden producir y cuáles no, a pesar de ser plenamente viables. Sobre la posibilidad de una huelga de entregas, Roberto García dijo que no tiene el objetivo de desabastecer a la industria, porque sería a un plazo amplio e inicialmente el primer perjudicado es el ganadero y agregó que, además, debe ser acordada por todos los agentes. Concluyó que, de llevarse a cabo si la situación se prolonga en el mes de mayo, sería para que la Xunta "se retrate" en el "impacto mediático" que tendría por la "insensibilidad" que expresaría de la Xunta ante un sector que se considera desamparado por la administración.
