viernes. 29.03.2024

El abogado laboral que asesoró en la elaboración de los contratos de las prejubilaciones millonarias de la cúpula de Novacaixagalicia (NCG) ha defendido hoy la legalidad de los mismos, y ha añadido que si llega a ser condenado por estos hechos, "que baje Dios y lo vea". Así se ha expresado el asesor externo de Caixanova Ricardo Pradas, durante la primera sesión del juicio celebrado contra él y el ex director general de la entidad José Luis Pego; el ex director general adjunto ejecutivo Javier García de Paredes; el antiguo responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán y uno de los gestores de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada.

 

Durante más de tres horas de interrogatorio, que continuará mañana con las preguntas de su defensa, ha insistido a la fiscal Anticorrupción en que su única competencia era revisar las cláusulas de los borradores de los contratos y ofrecer asesoramiento. "Siempre he actuado con pulcritud jurídica e ir más allá es buscarle tres patas al gato", ha enfatizado. Pradas ha precisado que en el caso concreto de los contratos antiguos de los exdirectivos acusados contemplaban un reconocimiento específico de que pudieran prejubilarse si concurría una causa extintiva por la que la entidad modificaba su naturaleza jurídica, un cambio que en este caso fue "de libro". Y ello sin necesidad de un tiempo mínimo de prestación de servicios ni de haber alcanzado los 55 años de edad.

 

También ha explicado que las prejubilaciones se podían cobrar como renta mensualmente o capitalizándolas, como hicieron los cuatro exdirectivos además de Ángel López Corona, que fraccionó sus 2,2 millones en tres pagos, aunque él no está acusado. Por ello, consideró legal que pudieran desistir, puesto que entre los exdirectivos existía la "incertidumbre" e "inquietud" por el "futuro que iba a depararles" el nuevo banco, aunque ha insistido en que sus contratos no fueron mejorados, sino que incluyeron adaptaciones con motivo de la fusión que integró a Caixanova y Caixagalicia en NCG. Además, ha reiterado que en ningún caso fueron indemnizaciones, sino liquidaciones por prejubilación, que "no son una cláusula de blindaje". "Si eso me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea", ha enfatizado.

 

La Fiscalía y NCG Banco reclaman tres años de prisión para cada uno por apropiación indebida y administración desleal y, alternativamente, por estafa, y que devuelvan las cantidades "ilícitamente" percibidas, que ascienden a 18,9 millones, de los que 7,7 millones correspondían a Pego; 5,6 millones a García de Paredes; 4,8 millones a Gorriarán, y 691.261 euros a Rodríguez Estrada. Novacaixagalicia empezó su andadura el 1 de diciembre de 2010 después de recibir del FROB una primera inyección de 1.162 millones de euros. Según Anticorrupción, los tres exdirectivos de Caixanova acordaron desde mayo de ese año, y "movidos por la clara intención de obtener un importante beneficio patrimonial, introducir diversas mejoras económicas en sus contratos de alta dirección" que les garantizara "una cuantiosa liquidación y rentas vitalicias futuras" si dejaban la entidad. Ello ocurrió con la colaboración de Fernández Gayoso y "con pleno conocimiento" de "la complicada situación de ambas cajas y, lógicamente", de NCG.

 

Los contratos fueron renovados con las mejoras salariales y con el reconocimiento de compromisos por pensiones que, para el caso de que renunciaran, "podría repercutir en la solvencia" de NCG. Pradas redactó, a petición de Fernández Gayoso, las nuevas cláusulas, que se ocultaron a la Comisión de Retribuciones y al Consejo de Administración, y se acordó que García de Paredes suscribiera otro "con las mismas condiciones que los demás altos directivos de Caixanova". En ejecución del "propósito mutuamente concertado de preparar la lucrativa y previsible salida de la entidad, pues tenían pleno conocimiento de la inminente bancarización de la misma", Fernández Gayoso convocó "de forma extemporánea" a la Comisión de Retribuciones para que Pradas explicara los cambios.

 

Tras ello, el Consejo declaró vigentes los antiguos contratos y aprobó la provisión "en la creencia" de que los conceptos retributivos para los directivos eran los mismos que para el resto de la plantilla y de que no existían cláusulas de blindaje, infringiéndose también además las limitaciones asumidas por NCG frente al FROB en materia de indemnizaciones. El 9 de septiembre de 2011 abandonó Rodríguez Estrada y el 13 Pego y Gorriarán -solo 18 días antes de que el FROB concediera la segunda inyección de 2.465 millones-, mientras que García de Paredes lo hizo el 19.

El abogado que asesoró las prejubilaciones de NCG defiende que eran legales