Un exconsejero de Novacaixagalicia (NCG) ha afirmado hoy que le parecieron un "escándalo" las cuantías de las prejubilaciones multimillonarias que iban a percibir cuatro de sus exdirectivos cuando las conoció por la prensa y que, aunque no dudó de su legalidad, propuso que renunciaran a una parte.
En la cuarta sesión del juicio contra la excúpula directiva de NCG celebrada en la Audiencia Nacional ha declarado además el último de los seis acusados, Óscar Rodríguez Estrada, que ha asegurado que su salida de la entidad era "previsible" que se produjese en el verano de 2011.
Se ha desmarcado así del resto de acusados -los exdirectivos Javier García de Paredes, José Luis Pego y Gregorio Gorriarán, así como el ex copresidente Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas-, que estos días han afirmado que no tenían ninguna intención de marcharse de la entidad nacida de la fusión de Caixanova y Caixagalicia. Estrada no quería participar porque consideraba que era un proyecto que se iba a alargar, y en el que "poco podía hacer" al estar "en el tramo final de su carrera", pues su generación, de más de 60 años, ya se había prejubilado.
Sin embargo, "le pidieron que continuase y aceptó", pactando una prórroga hasta junio de 2011, aunque se quedó hasta septiembre. Como el resto de acusados, ha mantenido que los contratos de alta dirección fueron "un corta y pega" de los que ya tenían en las cajas, por lo que "no había ningún planteamiento ni antes, ni en ningún momento de mejorar los derechos de los altos directivos", sino que se trataba de una "continuidad o prórroga". Ha insistido en que nadie le dio ninguna indicación durante la elaboración de los borradores de los contratos adaptados al pacto laboral de fusión, más que cumplir con la "legalidad, que no se introdujese ningún nuevo derecho y ninguna mejora".
De hecho, facilitó los contratos durante unos días al departamento de inspección del Banco de España para que los revisara. Tras él ha comenzado la ronda de testificales con la del exconsejero Salvador Fernández Moreda, que ha explicado que el 13 de septiembre de 2011, un día antes de la constitución de la nueva entidad, el Consejo conoció las cartas de desestimiento de los exdirectivos.
"Hasta ese momento, ningún miembro del Consejo lo sabía", ha subrayado el testigo, que ha relatado que incluso en las reuniones de agosto, cuando Pradas explicó "la trascendencia de la posibilidad de ejercer el desistimiento y la provisión, no se habló de la existencia de tales cartas". Varios consejeros, incluso, preguntaron "si alguien quería irse y se dijo que no", ha añadido. En la reunión de algo más de un mes después se aludió a la cifra de 28 millones de euros, y que ya había revelado la prensa, a la que ascendía la provisión por el impacto de la marcha de José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, ha señalado. Nunca vio los contratos de alta dirección -aunque estaban disponibles- ni tuvo "inquietud", pues entendía que los consejeros ratificaron "algo que estaba en vigor", aunque sí le "llamó la atención" que si estaban vigentes, "no había nada que ratificar".
Aún así, los ratificó porque no dudaba de la legalidad de las prejubilaciones, aunque ha admitido que la publicación de las cuantías en la prensa fue un "escándalo" que "afectaba la reputación del banco", lo que generó cierta "preocupación". Para acabar con esa "alarma social" pidió, sin éxito, que se sometiese a votación en el Consejo solicitar a los exdirectivos que devolvieran una parte. En este punto, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, ha comentado: "Quedaba feo que cuatro personas cobraran 28 millones". También ha testificado el consejero por el sindicato de la banca Csica Miguel Argones, que no ha cuestionado la legalidad de los contratos, aunque la cantidad sí le "pareció exagerada".
