Los tres sindicatos agrarios gallegos han informado hoy de que mantienen la manifestación prevista para el día 17, después de la reunión del pasado martes en el Ministerio, tras la que creen que las administraciones no se dan por enteradas de su "dramática" situación.
Los máximos responsables de las organizaciones agrarias, UUAA, ASAJA y SLG, coincidieron en conferencia de prensa en señalar que las propuestas del Ministerio podrían tener sentido para el futuro, pero lamentaron que no se plantearon las medidas necesarias a corto plazo, cuando un tercio de los productores gallegos, más de 3.000, están recibiendo precios marcados unilateralmente por la industria del entorno al cincuenta por ciento de sus costes de producción.
Afirmaron que en esa situación, que se está "agrandando", de poco sirve plantear propuestas que no resuelvan el problema a corto plazo, porque es en ese plazo en el que podrían cerrar miles de explotaciones de una Comunidad que produce casi la mitad de la leche española y es la novena región europea productora.
Por ello, resaltaron el "clamor unánime" del sector y de cerca de 100 alcaldes de las comarcas lecheras, "de todos los colores políticos", de apoyo a la movilización que, de ámbito gallego, se celebrará el próximo día 17 en Santiago de Compostela y que dudan que una reunión convocada para mañana por la Consellería de Medio Rural pueda evitar.
El presidente de Asaja-Galicia, Francisco Bello, afirmó que, después de la reunión con la ministra, "no se dan las circunstancias que impidan la manifestación" en protesta por "una situación que va a empeorar" y que no afecta al conjunto de España, sino que es específica de Galicia y, dado que es donde se paga menos la leche, tampoco responde a cuestiones de mercado.
"Esa lejanía -dijo- hace que desde el Ministerio se vea (el problema) de otra manera". Aunque comentó que las propuestas del Ministerio son positivas, coincidió en resaltar que a Galicia "van a llegar tarde", porque en octubre o noviembre las granjas que ahora están al borde del abismo, van a estar cerradas. Por ello, demandó "medidas más radicales" y consensuadas con la industria, porque el coste no lo pueden pagar solo los ganaderos y subrayó el anuncio de Leche Río de que a partir del día 15 dejará sin recoger a otro grupo de ganaderos, lo que es, a su entender, "fuego al monte ya quemado".
Roberto García, secretario general de UUAA, por su parte, insistió en que "no hay percepción de la gravedad (de la situación) por parte del Ministerio y la Consellería" y agregó que, tras reunirse con las distintas industrias, han confirmado que es una evidencia, porque sus interlocutores lo han negado, que no hay el acuerdo de recogida de toda la leche que anunció la conselleira de Medio Rural, sino que se producen nuevas "amenazas" de no recoger el producto.
Igual que Bello, afirmó que las doce medidas habladas en el Ministerio pueden ser positivas para una situación de normalidad, con precios sobre los 34 céntimos, pero no para la actual, con numerosas granjas a punto de cerrar, con precios sobre los 18 céntimos o un grupo de ellas que no cobran desde marzo, que podrían llegar de inmediato a una "situación sin retorno".
Para García, se trata de una situación que "desborda a la conselleira y a la ministra" y denunció que "en todo este proceso el presidente de la Xunta aún no dijo nada" y exigió que de inmediato se retire leche, se pague a precios de mercado y se eliminen todos los contratos-basura. Señaló que moratorias y créditos blancos no es lo que necesita el sector, sino producir con precios por encima de los costes. "Cada vez -concluyó- tenemos más la sensación de que ni el Gobierno gallego ni el estatal son conscientes de la gravedad de este momento".
La secretaria general del Sindicato Labrego Galego (SLG), Isabel Vilalba, por su parte, apuntó que parece que "alguien decidió que se cerraran las granjas en Galicia" y resaltó que en otras Comunidades sin vocación láctea se están incentivando granjas de producción intensiva, mientras se promueve la reducción en Galicia, por lo que alertó de una dinámica de deslocalización hacia los centros de consumo, aunque tenga costes superiores.
En opinión de Vilalba, "o la Consellería y el Ministerio no se enteran o son cómplices y tienen sus prioridades en cuestiones electorales y no el empleo y el futuro de muchas comarcas gallegas".
Como García, subrayó que las medidas que se hablaron en el Ministerio el pasado martes ninguna tiene carácter inmediato, por lo que las calificó de "burla", porque en ellas "nada hay de lo que necesitamos".
