La FEMP ha exigido hoy "máxima celeridad" en la modificación del impuesto de plusvalía para "despejar la inseguridad" jurídica que afecta a ciudadanos y ayuntamientos tras el fallo del Constitucional que lo declara nulo en los casos en los que el contribuyente acredite que no hubo ganancias sino pérdidas. En un comunicado, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha hecho hincapié en "la urgencia" de adecuar la nueva normativa a la sentencia del Tribunal Constitucional, más cuando la propuesta del Ministerio de Hacienda, según ha dicho, se basa en la alternativa ofrecida por la FEMP.
Caballero ha valorado que la propuesta de Hacienda se sustente en las alternativas proporcionadas por la Federación de Municipios y ha reiterado que la que la tramitación se realice con urgencia. En concreto, la FEMP había plantado dos fórmulas para probar si hubo o no incremento del valor de los terrenos en la transacción inmobiliaria. La primera de la opciones consiste en encargar al Catastro, dependiente de Hacienda, que elabore un índice anual que evalúe en cada ejercicio la evolución del valor de los suelos en el mercado. La segunda de las opciones pasa por calcular la base imponible del sistema del impuesto.
El cálculo se haría con una simple operación en la que al precio de venta se resta el de compra lo que daría como resultado "la plusvalía o minusvalía real de la operación". Respecto al grupo de trabajo par la modificación del techo de gasto, la Junta de Gobierno de la FEMP ya ha propuesto a sus representantes y ha solicitado la reunión inmediata de la misma.
Los representantes de la FEMP en este grupo de expertos son: el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el de Fuenlabrada, Manuel Robles; el de Mieres, Aníbal Vázquez; de Badajoz, Francisco Fragoso; y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado. Sobre la regla de gasto, Caballero ha dicho que hay que modificarla, porque, tal y como está, limita a las entidad locales llevar a cabo políticas sociales para atender a los ciudadanos. Además y de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, la Junta de Gobierno ha planteado la necesidad de eliminar las actuales restricciones a la reinversión del superávit de las entidades locales. En concreto, la FEMP ha pedido que el destino de ese superávit no quede limitado a inversiones financieramente sostenibles.
