El Parlamento de Galicia ha aprobado hoy la toma en consideración de la Ley de fomento de iniciativas empresariales impulsada por el PPdeG, con los votos a favor del partido mayoritario y el rechazo unánime de los grupos de la oposición que han cargado contra el fondo y las formas de este proyecto presentado en la Cámara por la vía de urgencia.
La propuesta de ley tiene por objetivo frenar la fuga de empresas sobre todo, al norte de Portugal, y para ello ofrecerá ventajas y facilidades a las compañías para su implantación en Galicia con medidas que hagan a la Comunidad una zona más atractiva para el mercado empresarial.
Para ello, se propone entre otras iniciativas crear un censo de suelo empresarial, ofertar a las empresas el suelo de forma gratuita durante el primer año y eliminar trabas burocráticas para dotar a Galicia de una mayor agilidad administrativa de forma que se reduzcan los plazos para permitir el asentamiento de nuevos proyectos industriales en Galicia.
Así la ha explicado en el debate en la Cámara el diputado popular Miguel Tellado que en su intervención ha lamentado el voto en contra de la oposición al entender que esta norma servirá para "dar un paso adelante para convertir a Galicia en un lugar atractivo" para las empresas, por lo que les ha criticado que el resto de grupos estén instaurados en "el no por el no" porque -ha advertido- "estar en contra del Gobierno es lo mismo que estar en contra de Galicia".
Ha censurado pues la negativa de los diputados de la oposición que parecen ser "enemigos de la actividad económica y por lo tanto enemigos del bienestar de los gallegos", mintiendo sobre la propuesta del PPdeG ya que -según ha remarcado- con esta ley "no trata de reducir exigencias medioambientales, sino de reducir la burocracia, los trámites y los tiempos porque la burocracia no es garantía absolutamente de nada".
En esta línea, Tellado ha defendido esta ley en un momento en el que el "mercado y la competencia son internacionales" y en el que atraer empresas no es sencillo, por lo que las "administraciones no deben ser una fábrica de trabas para la implantación" empresarial y se precisa "simplificar" los procedimientos como defiende el PPdeG. La Xunta no quiere competir con Portugal por la vía de reducir los salarios ni por la de recortar derechos a los trabajadores y por ello la propuesta va encaminada a "incidir en cuestiones como las restricciones normativas" que se pueden eliminar. La normativa, según Tellado, beneficiará de forma directa al sector eólico ofreciendo en su tramitación "más transparencia y certidumbre", al igual que al sector forestal al que se dotará de la "ventanilla única" un aspecto que "se demanda de hace mucho tiempo y dotará al proceso de garantías".
Para la puesta en marcha de la ley de fomento empresarial también será necesaria la colaboración de los ayuntamientos que deberán comprometerse a impulsar incentivos para facilitar la adquisición de suelo empresarial y a reducir los impuestos y tasas a las empresas y que de esta forma recibirán también incentivos por parte del Gobierno gallego. Además, según el parlamentario del PPdeG los municipios deberían ser "los primeros interesados" en que se dé luz verde a la citada ley que permitirá "fijar población y mejorar servicios públicos". Sin embargo, los diputados de la oposición han incidido en que la propuesta del PPdeG únicamente beneficiará a las grandes empresas, perjudicando a la ciudadanía gallega, siendo además una excusa para -según ellos- modificar por detrás otras leyes como las que rigen el sector eólico o el de la minería.
El viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha sido especialmente crítico con la propuesta que, a su juicio, demuestra que en el PPdeG están "empeñados en convertir Galicia en Katanga" apostando por un tipo de modelo empresarial que beneficia a los oligopolios y "deja poca generación de empleo". Según Sánchez la redacción de este proyecto está hecha a dictado de las grandes empresas mientras que los populares actúan como "partido instrumental de estas empresas porque sería muy descarado que la ley la presentasen" las compañías, ha enjuiciado. Además, el diputado de En Marea ha insistido en que detrás de la propuesta debatida esta mañana se esconden modificaciones "de arriba a abajo" de varias leyes en vigor puesto que "nada de lo que se dijo hoy ni cuando presentó esta ley es cierto, porque esta no es una ley de fomento empresarial sino una ley de desregulación ambiental a favor del expolio de nuestros recursos".
El parlamentario del PSdeG Abel Losada ha cargado contra la "realidad virtual" que dibuja el PPdeG cuando se refiere a que esta ley será de consenso cuando ni tan siquiera se abrió el diálogo con el resto de grupos, siendo además una propuesta "absolutamente travestida" ya que se impulsa desde el partido pero es la Xunta quien lleva más de un mes dándole publicidad. Para el socialista se trata de "una ley profundamente ideológica" que se dirige hacia un modelo "capitalista" que busca "desprestigiar a la administración pública para después justificar la privatización" de determinados sectores "que es lo que pasa siempre que gobierna la derecha". Ha censurado también el modelo que pretende el PP para la Comunidad ya que tratándose de una ley para asentar nuevas empresas, en ningún punto del articulado se habla de investigación, formación o empleo estable y de calidad, "parece que de lo único que se quiere hablar es de un plan de reordenación sectorial", ha lamentado.
Por su parte, la diputada nacionalista Noa Presas ha señalado que el PPdeG olvida a los propios gallegos en la redacción de la proposición en la que se centran "únicamente en el cuadro macroeconómico pero no estudia las necesidades de nuestro tejido productivo ni del modelo social". En opinión de la diputada del BNG esta "ley es un auténtico cajón desastre" con la que se "disfraza" la intención de reordenar el suelo industrial y modificar leyes como la de aguas o de suelo, "sin consenso y sin participación".
Por ello, desde el BNG han reclamado que se "retire" esta proposición y se inicie un verdadero diálogo con la sociedad gallega, porque de lo contrario demostrarán que "ustedes carecen de modelo de país y solo se escuchan a sí mismos"y a las grandes empresas con una normativa que será "un salvoconducto para Elnosa, para Ence, para Gas Natural, para que Porto Cabral sea un centro comercial (...) si esa es su filosofía política nosotros no se la compramos", ha concluido.
