Galicia recaudó el año pasado 139 millones de euros de deuda no declarada por los contribuyentes, indicó hoy la directora de Atriga (Axencia Tributaria de Galicia), Victoria González. En su comparecencia ante una comisión del Parlamento de Galicia, González indicó que eso es fruto de las campañas de sensibilización y de las iniciativas de la Xunta contra el fraude fiscal. Señaló que la Atriga lleva cabo "controles intensivos y extensivos", que incluyen hacer aflorar las deudas de contribuyentes que no cumplen sus obligaciones de declarar sus actividades y la de aquellos que lo hacen parcialmente, respecto a aquellos tributos que gestiona esa agencia autonómica.
Atriga obtuvo 102,6 millones de euros actuaciones de gestión y 36,3 millones por labores de inspección, que suman los 139 millones de euros aflorados, según González. Preguntada por la evolución del fraude fiscal en Galicia y el impacto de la denominada economía sumergida, indicó que "nadie es capaz de determinar cuál es el volumen de fraude".
Sin embargo, indicó que "las campañas de sensibilización y las líneas de actuación de años precedentes" de Atriga han contribuido a que "los contribuyentes estén más informados y cumplan de forma voluntaria de la mejor manera con sus obligaciones tributarias". González indicó que Atriga llevó a cabo el año pasado un mayor control sobre los denominados "grandes patrimonios" y señaló que como resultado de ello abrieron 105 actas, frente a 39 en 2015, lo que supone que "se triplicaron las actuaciones".
La responsable de Atriga indicó que ese organismo revisó 280.397 autoliquidaciones de los impuestos autonómicos de transmisiones patrimoniales de sucesiones y donaciones (ISD), que concentran la mayor parte de los ingresos tributarios gestionados por la Xunta, lo que supuso un aumento del 6 % respeto a 2015. Añadió que el comportamiento de los contribuyentes el año pasado en Galicia permitió rebajar en 7 % el monto de la deuda no declarada. Atriga tiene previsto un plan especial de control del fraude fiscal para este año con el fin de obtener otros 20 millones de euros, cantidad que figura en los presupuestos de la Xunta para 2017.
La citada comisión del Parlamento de Galicia examinó además una propuesta de En Marea que reclamaba declarar nula la venta del Banco Popular por considerar que es "una estafa a cientos de miles de pequeños accionistas", muchos de ellos gallegos. La propuesta, presentada por el diputado de En Marea Manuel Lago, fue rechazada por los diputados del PPdeG, que disponen de mayoría en el Parlamento de Galicia. Lago reclamaba que fuera "declarada ilegal" esa operación de venta de una entidad bancaria, con complicidad de las autoridades de supervisión, y lamentó que la Xunta no defienda los intereses de los pequeños accionistas frente a los "fondos de inversión buitre".
