El Congreso de los Diputados aceptará tramitar la proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia para que el Estado transfiera a la comunidad la titularidad de la autopista de peaje AP-9, con lo que se dará el primer paso para el traspaso definitivo de la principal arteria de comunicación gallega. A falta de la votación, todos los grupos parlamentarios han anunciado su respaldo a la toma en consideración de la proposición, excepto Ciudadanos, que aboga porque la AP-9 continúe en manos del Gobierno central.
En representación del Parlamento de Galicia, los diputados Martín Fernández Prado (PPdeG), Antón Sánchez (En Marea) y Luís Álvarez (PSdeG) han defendido en la sesión plenaria del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9 a la comunidad autónoma, aprobada unánimemente por la cámara autonómica en marzo de 2016. Los tres diputados autonómicos han coincidido tanto en destacar que el traspaso de la vía, actualmente en régimen de concesión estatal a la empresa Audasa, es una demanda unánime de los gallegos como en criticar los precios "desorbitados" del peaje de esta autopista que discurre íntegramente por territorio gallego y conecta a las principales ciudades de la región.
También han pedido al Gobierno que, en paralelo a la tramitación parlamentaria, convoque una reunión de la comisión mixta de transferencias Estado-Xunta de Galicia para que el traspaso pueda formalizarse cuanto antes, una petición de celeridad secundada por la mayoría de los grupos del Congreso. Fernández Prado ha señalado que el concurso del PP ha sido "imprescindible" para llevar la iniciativa al Congreso dada su mayoría absoluta en el parlamento autonómico y ha resaltado que la petición encaja "perfectamente" dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y partió de la iniciativa de una comunidad que ejerce su autogobierno con lealtad al proyecto común de España.
En este sentido, ha incidido en que su admisión a trámite puede ser útil para demostrar cómo gestiona el Estado y las autonomías atendiendo a las demandas diarias de los ciudadanos, para ofrecer un servicio mejor, más ágil y directo a los gallegos. Sánchez ha subrayado que el traspaso es "acto de justicia" y se ha mostrado convencido de que sería difícil encontrar mayor unanimidad entre los gallegos, "voten a quien voten", que la que muestran frente a la gestión "prepotente" y "abusiva" de Audasa.
Ha arremetido contra el "capitalismo de amiguetes" del PP que permite, según ha denunciado, a la concesionaria obtener grandes beneficios anuales a costa de los usuarios de esta vía que deben utilizar a diario numerosos ciudadanos debido a la falta de otras alternativas. Por su parte, Álvarez han criticado, al igual que el diputado de En Marea, que el acuerdo haya estado dos años bloqueado por la Mesa del Congreso y ha insistido en la voluntad de los gallegos de acabar con una situación "injusta". El parlamentario socialista ha destacado además que el traspaso ayudará a reforzar el autogobierno de Galicia que lleva "tanto tiempo estancado".
En el turno de fijación de posiciones, los portavoces del PP, PSOE y Unidos Podemos han reiterado los argumentos de sus compañeros gallegos a favor del traspaso, que también han respaldado los diputados de los partidos nacionalistas catalanes y vasco. No obstante, el diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha advertido del precedente "llamativo" que se establece con el hecho de que el Congreso tenga que tramitar cuestiones que figuran en los estatutos de autonomía. "No parece que sea la vía adecuada", ha dicho, dado que además están todos los grupos gallegos de acuerdo. Solo el portavoz de Ciudadanos, Fernando Navarro, ha expresado el rechazo de su grupo a tramitar la proposición de ley para el traspaso de la AP-9, ya que, al servir de conexión con Portugal, es una vía de interés general, no exclusivamente autonómico, ha argumentado.
Además, ha señalado que, según el apartado sobre el régimen económico y financiero, se transfiere la titularidad a la comunidad autónoma con potestad para decidir un posible rescate que costearía el Gobierno central. "Uno decide y otro paga", ha denunciado Navarro, para quien se trata de una propuesta "electoralista". El debate sobre la toma en consideración ha sido seguido desde la tribuna del Congreso por varios diputados autonómicos gallegos, entre ellos algunos del BNG, a quienes algunos parlamentarios nacionales han señalado como los impulsores de la ley para el traspaso de la titularidad de la AP-9.
