La asociación En-colectivo, que defiende a los usuarios afectados por el cobro presuntamente indebido de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande por parte de la empresa Audasa, concesionaria de la AP-9, ha denunciado ante la Comisión Europea que las prórrogas de la concesión de la autopista gallega infringen la normativa europea por lo que aspira a un fallo que conlleve su gratuidad para todos los usuarios.
“El efecto que tendría esta situación de denuncia en caso de que prosperase sería, por así decirlo, que desde el Gobierno de España derogara las ampliaciones de las prórrogas, lo que conllevaría un beneficio de gratuidad de la autopista”, ha dicho este jueves en rueda de prensa el presidente de En-colectivo, Diego Maraña. Maraña, que ha comparecido junto con los abogados Carlos Cenalmor y Antonio Heredero, de los bufetes Gándara Moure y Balms Abogados, respectivamente, ha explicado que han detectado que las prórrogas que el Gobierno de España concedió por Decreto Ley a Audasa para la explotación de la AP-9 hasta 2023 y 2048, respectivamente, incumplen diferentes directivas de la UE.
La más grave, ha explicado Cenalmor, es que el Gobierno no ha cumplido en ninguno de las dos casos con la exigencia de realizar una nueva licitación, tal y como establece el llamado libro verde de la contratación pública del año 1996, según el cual una modificación de una concesión, si es sustancial, exige un nuevo procedimiento de contratación, lo que no ha sucedido en este caso. “El derecho europeo, por el principio de transparencia, exige que cualquier ciudadano europeo, cualquier empresa europea, pueda acudir a una licitación. El no sacar a concurso una prórroga, que es una nueva concesión, supone el incumplimiento de la obligación de transparencia, porque el contrato sigue vigente sin más. Es como un contrato dado por debajo”, ha dicho. Para Heredero, “la no licitación de algo que vale cientos de millones de euros, no sacarlo a licitación, sino atribuirlo a dedo a quien ya lo tiene, es de una extraordinaria gravedad”, por lo que entiende que las opciones de que la CE estudie la legalidad de ambos decretos son muchas, más teniendo en cuenta que la denuncia fue presentada en julio de 2019 y la CE tiene dos meses para rechazarla, lo que todavía no ha hecho. Contribuye al optimismo de los demandantes la resolución de un caso similar en el que estaba implicada una autopista italiana y que la CE llevó al Tribunal de la UE, el cual dictaminó que la República italiana incumplió la normativa europea al haber prorrogado la concesión de una autopista sin publicar anuncio de licitación, obligando al Gobierno a adecuar la situación de la autopista al derecho comunitario. Por otra parte, también se informa a la CE que estas prórrogas de la concesión a Audasa afectan directamente al comercio de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal, al no haber ninguna vía alternativa con unas condiciones semejantes, “lo que afecta al derecho a la competencia” porque “cualquier otra vía duplicaría la duración del itinerario” Por último, señalan que los usuarios de la AP-9, que el pasado 1 de enero han vuelto a sufrir un nuevo incremento de los peajes, están obligados a asumir durante 35 años más de lo aprobado en el procedimiento de licitación el pago de los peajes como si se tratase de una autopista en construcción, cuando debería estar amortizada desde 2013. Por todo lo cual, los denunciantes esperan una respuesta favorable de la CE y que realice una petición formal al estado español para que solvente el posible incumplimiento normativo en el que está incurriendo y, de este modo, conseguir la gratuidad de la AP-9.
