La huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia está a punto de cumplir dos meses con las negociaciones rotas y las posturas entre las partes todavía muy alejadas. Con la vista puesta en varios festivos por delante y después de 51 días consecutivos de huelga indefinida, que empezó el 7 de febrero, ni los sindicatos ni la Xunta están sentados en la misma mesa, con posiciones alejadas, en especial en la cuestión económica. Las partes coinciden en que ya hay tres puntos listos para ser acordados: las bajas por enfermedad (IT), los refuerzos y las sustituciones.
En concreto, los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia dejarán de tener descuentos salariales cuando soliciten una baja, como ocurre en el resto de Comunidades e incluso en Galicia con jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia. Se consolidarán las 36 plazas de refuerzos coyunturales que se prolongan desde hace más de tres años y aquellos que realicen sustituciones de cuerpos superiores, percibirán un salario acorde al trabajo desempeñado y no el suyo con un complemento que no los iguala.
Ambas partes discrepan en el capítulo de amortizaciones, pues la Xunta cree que faltan detalles para cerrar este punto y los sindicatos aseguran que el Gobierno gallego pretende crear nuevos órganos con plazas amortizadas, lo que rechaza la administración.
La principal fricción está en el aspecto económico, en el que la Xunta mantuvo en la última reunión la oferta de subida de 133,42 euros al mes para gestores, 108,42 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio, además de 135 para médicos forenses, todas las cantidades a repartir entre este año y 2020.
Los sindicatos optaron, tras una votación en la que el resto de trabajadores los autorizaron a negociar "lo mejor posible" sin el límite de subida de 190 euros, por bajar su planteamiento hasta los 180 euros, aunque a repartir entre este año y 2019, con un setenta por ciento (126 euros) con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero. La diferencia económica a tres años entre las posturas de ambas partes está en, al menos, 2.700 y 3.350 euros según los cuerpos, una distancia que podría aumentar si hay subidas en otras comunidades, pues los sindicatos plantean una cláusula de revisión en ese caso.
La representación social, formada por SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, consideró que este cambio debe llevar a que ahora sea la Administración quien "mueva ficha" y convoque un nuevo encuentro, también con una nueva oferta.
El Gobierno gallego, sin embargo, mantiene desde hace dos semanas que el planteamiento actual es definitivo y que incluye, además, una cláusula para garantizar que los funcionarios gallegos estarán siempre por encima de la media del Estado, con revisiones periódicas. Recuerda que se han celebrado dieciséis reuniones con ocho propuestas de subida salarial y entiende que con la actual se da cumplimiento al mandato parlamentario, al situar los salarios de los trabajadores por encima de la media en 2020.
Los funcionarios, en cambio, censuran el hecho de que haya habido tantas subidas, que sitúan entre "cinco y diez euros" cada vez, y aseguran que si la oferta actual hubiese estado encima de la mesa el 6 de febrero, quizá no habría empezado la huelga. En esta situación, los sindicatos esperan recibir a lo largo de la próxima semana, una vez pasados los festivos, una llamada del Gobierno gallego con el objetivo de retomar las negociaciones y acabar con una huelga que ya se ha notado en las nóminas de los dos últimos meses, en los que los sindicatos calculan unas pérdidas salariales globales de en torno a tres millones de euros. Advierten de que, mientras tanto, continuarán las movilizaciones y las medidas de presión con el objetivo de que el Ejecutivo autonómico reconsidere su postura, pero este recuerda que trabaja con el dinero de "todos los gallegos" y ve "totalmente inasumible" la posición sindical.
