jueves. 28.03.2024

El presidente de la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp), Alfredo García, alcalde del municipio orensano de O Barco de Valdeorras, ha exigido hoy al Gobierno central la derogación "inmediata" de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. García ha considerado que esa medida es la "única" manera de garantizar la prestación de los servicios por parte de los ayuntamientos, y evitar que los ciudadanos sufran a partir del próximo 1 de enero de 2016 las "consecuencias" de una norma que condicionará "de forma muy negativa" la vida de los vecinos.

 

La Ley, promovida por el Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, afecta especialmente a los servicios sociales, que pasarán a depender de las comunidades autónomas a partir del próximo año, indica la Fegamp en un comunicado de prensa. "En caso de cumplir esta ley, tendríamos que estar a expensas de la interpretación que realizasen los secretarios e interventores municipales, y vernos, además, abocados a saltar la ley o a suspender los servicios, algo que ningún ayuntamiento quiere hacer", según el regidor.

 

El presidente de la Fegamp, miembro del PSOE, considera que el anuncio del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de su intención de aplazar la aplicación de dicha legislación "no significa nada" porque "una ley no puede derogarse con una comunicación de un secretario de Estado". "Esta situación provoca una situación de ilegalidad.

 

Los ayuntamientos necesitamos claridad y argumentos legales para determinar nuestra actuación a partir del 1 de enero", subraya García, para quien la supresión de servicios "no es una opción". El dirigente de la Fegamp señala que la única opción es que el Gobierno central "derogue" la ley e inicie una nueva "renegociación" con la participación de todas las administraciones implicadas, en la que se tenga en cuenta "la realidad del país y las necesidades de los vecinos para lograr una prestación de servicios racional".

El presidente de la Fegamp exige la derogación de la Ley de Reforma Local