viernes. 29.03.2024

El proyecto de ley de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la comunidad autónoma de Galicia y de su sector público sigue su trámite parlamentario tras ser rechazada, en la sesión plenaria celebrada hoy, la enmienda de devolución presentada por los socialistas. Este es el último de los cinco proyectos de ley del paquete de impulso y regeneración democrática que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentó hace aproximadamente un año.

 

La norma regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y a cargos de la Administración autonómica con conflictos en los tribunales y que en la actualidad se regían por una norma provisional del año 1984.

 

Una de las principales novedades del texto legal es que la Xunta negará por sistema a sus cargos imputados por delitos de corrupción el derecho a defensa legal a costa de las arcas públicas. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó durante su intervención en el pleno la necesidad de adaptar la asesoría jurídica "a las cada vez mayores exigencias de limpieza y buenas prácticas de los cargos públicos".

 

"Este es el motivo que justifica por sí solo la inclusión de esta ley en las medidas de impulso democrático", afirmó. Rueda explicó que cualquier petición de asistencia letrada por parte de un empleado público o de una autoridad tiene que ser sometida a la supervisión tanto de la Secretaría General de la Consellería donde esté adscrito el funcionario o autoridad como a la propia asesoría jurídica general de la Xunta.

 

"No se va a defender en ningún caso a quien se considere que actuó de forma consciente en perjuicio del interés general", indicó el vicepresidente. La diputada socialista portavoz de Justicia, Patricia Vilán, justificó la enmienda de totalidad de su grupo al proyecto de ley al entender que el Gobierno gallego "no profundiza en la mejora de la asesoría jurídica de la Xunta". Vilán consideró que la norma llegó a la Cámara sin haber sido negociada previamente con los sectores que pueden estar implicados. "Yo me lo guiso, yo me lo como", señaló.

 

La diputada comentó que "es una enmienda de totalidad a su forma de legislar", le espetó a Rueda, y dijo que el texto presentado ni siquiera fue consensuado con los propios letrados de la Comunidad autónoma. Tereixa Paz, del BNG, indicó que su grupo se abstendría en la votación a la enmienda de totalidad al considerar que "no hay ningún aspecto que no pueda ser subsanado en caso de existir voluntad en el trámite de ponencia".

 

La nacionalista afirmó que "parece demasiado rimbombante y ambicioso" incluir el texto en el paquete denominado de regeneración de la vida política al entender que "la única medida dirigida a la consecución de ese objetivo es aclarar cuestiones conflictivas sobre asistencia jurídica a funcionarios y altos cargos y empleados públicos". Para Paz, "la mejor definición de este proyecto de ley es que es continuista en aspectos centrales".

 

"Creemos que la ley queda un poco coja", dijo, y citó como ejemplo aspectos relacionados con la asistencia a entidades instrumentales de la Administración gallega. Xabier Ron, de AGE, abogó porque se subsanen "ciertos fallos" como que "no se puede dar por supuesta la ineficiencia de la asesoría jurídica".

 

El parlamentario de AGE dijo que la norma "elimina la presunción de inocencia antes de celebrarse el juicio". La diputada del grupo Mixto Consuelo Martínez dio su apoyo a la enmienda de totalidad socialista e indicó que la Xunta "pretende privatizar por el camino de la externalización un servicio que debe ser cubierto con medios públicos para garantizar la transparencia". Martínez demandó un texto "que respete la legalidad en todos sus ámbitos" y que "abra" una negociación con la representación social de los trabajadores públicos. El portavoz del Partido Popular, Pedro Puy, calificó el texto normativo como "necesario" y "oportuno".

 

Puy recordó a la diputada Patricia Vilán que la norma presentada hoy por el Gobierno gallego es similar a la que se está tramitando en el País Vasco "y allí -dijo- el grupo socialista no presentó enmienda de devolución". Además, el diputado popular aseguró que los sindicatos aceptaron con agrado el texto legal en contra de lo sostenido por el PSdeG. Puy defendió que no se producirá una "proliferación" de contratos de asesoría jurídica externa cuando se puedan asumir desde la Administración autonómica, e indicó además que la norma avanza en la potenciación de la lengua gallega en el sector de la Justicia.

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