El Gobierno gallego es partidario de establecer una moratoria al decreto que obliga a los ayuntamientos a contar con un tesorero para la supervisión de sus cuentas, aunque no de la derogación de la misma, ha afirmado hoy el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, acompañado de la directora general de Administración Local de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, tras una reunión con responsables de Cosital, siglas del Colegio oficial de secretarios, interventores y tesoreros de Administración Local de Galicia.
De este modo, la Xunta en consenso con los responsables de Cosital, y buscando acuerdo con la Fegamp, se dirigirá al Gobierno central para solicitar el aplazamiento de la entrada en vigor de la norma y la ampliación del período transitorio para que las modificaciones legales oportunas se puedan aplicar, ha comentado. Además, el Gobierno gallego agilizará, en el marco de sus competencias, la cobertura de nuevas plazas de habilitado.
El 'número dos' del Ejecutivo autonómico ha considerado que sería positivo establecer un margen temporal antes de la aplicación de dicha norma, en el que se puedan buscar soluciones a la propuesta del Gobierno central, que desde el 1 de enero establece la obligatoriedad de que haya un puesto de tesorero en el municipio cubierto por un habilitado nacional.
En este sentido, Rueda, ha reclamado una mayor implicación de las diputaciones de forma que presten el servicio de asistencia técnica a los ayuntamientos que lo precisen, sobre todo a los más pequeños, y puedan cubrir así las labores de tesorería, tal y como se recoge en la normativa. En la misma línea se fomentará la agrupación de varios ayuntamientos para que un solo tesorero pueda cubrir y prestar servicio a varios de ellos, ahorrando costes para los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Para ello, los participantes en la reunión esta mañana han acordado estudiar la disposición de tramos de población para establecer la necesidad de que el tesorero sea facilitado por ayuda de una diputación o mediante agrupación, o bien si debe ser el ayuntamiento el que deba costear el habilitado especifico.
"Es necesario adaptar la norma a la realidad que se está dando" ha admitido Rueda que ha añadido que sino, puede llegarse a la "práctica paralización" de la actividad ordinaria de los ayuntamientos más pequeños. No obstante, se ha mostrado contrario a derogar la norma impulsada por el Gobierno central y volver a la situación previa. Por su parte, el presidente de Cosital de Pontevedra, José Luis Mato Rodríguez, ha destacado la "buena sintonía" con el Gobierno gallego, que también es "consciente" del problema que plantea dicha norma, ha dicho.
En cuanto a las propuestas de la Xunta para trasladar al Gobierno central, ha considerado que contribuirían a aportar más "seguridad jurídica" a este aspecto, y en este sentido ha opinado que, aunque respaldan el cumplimiento de la norma que exige habilitados nacionales para desempeñar dicha labor, su puesta en práctica "no debe ser inmediata". En nombre del resto de representantes de Cosital, ha abogado así por establecer una "cierta moratoria" para establecer este cambio de "forma razonable".
