El anteproyecto de Ley de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y en situación de riesgo sanitario, que prevé la obligación de que los ayuntamientos reduzcan el nivel de pérdida en sus redes de saneamiento por debajo del 20 % en tres años, ha pasado este martes su primer trámite parlamentario. El Grupo Común da Esquerda, el BNG y el Grupo Mixto presentaron enmiendas de devolución, que fueron rechazadas con el voto negativo del PPdeG y la abstención del PSdeG, de modo que el anteproyecto de ley ha continuado de forma automática con su tramitación.
Esta ley establece un plazo de dos años para que los ayuntamientos realicen auditorías de sus redes de abastecimiento para identificar posibles fugas y un año más para actuar sobre ellas. De no alcanzar el objetivo de reducir estas pérdidas por debajo del 20 %, la ley también prevé la imposición de un impuesto disuasorio cuya recaudación será finalista y estará destinada exclusivamente a la renovación de las redes de saneamiento.
La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha avanzado que la Xunta ayudará a los ayuntamientos a cumplir con este objetivo con una línea de ayudas incluida en los presupuestos para 2020 para instalar contadores de caudal que faciliten la identificación de las pérdidas.
“Buscamos asegurar una prestación adecuada de los servicios de abastecimiento de agua a la población en cantidad y calidad adecuadas, reducir la vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento frente a la sequía y proteger la salud pública en caso de riesgo sanitario en el abastecimiento”, ha apuntado Vázquez durante su intervención ante el pleno. En paralelo a esta cuestión, la ley también promueve que las tarifas municipales por los servicios de suministro del agua sean de fácil comprensión, diferenciando tramos en función del volumen de agua consumida y sin que puedan establecerse mínimos exentos que desincentiven el consumo responsable del agua.
También se concede un periodo de dos años desde la entrada en vigor de la ley para que los ayuntamientos o entidades titulares de los sistemas de abastecimiento con más de 20.000 habitantes elaboren planes de emergencia frente a la sequía, una cuestión para la que la Xunta ya ha movilizado ayudas; en las de menos de 20.000 habitantes, se pide la colaboración de las diputaciones. Estos planes deben incluir, como mínimo, una descripción o diagnóstico del sistema de abastecimiento, una identificación de zonas más vulnerables y actividades estratégicas, un sistema de indicadores para prever los escenarios de riesgo con anticipación y la previsión de alternativas para garantizar el suministro de agua en un contexto de sequía.
Por último, y de cara a facilitar las actuaciones para garantizar el suministro, la conselleira ha anunciado que las medidas adoptadas en situación de sequía o riesgo sanitario llevarán implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los terrenos; las obras destinadas a tal efecto prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico, que se adaptará a posteriori.
Mientras tanto, la oposición se ha mostrado muy crítica con los tiempos de la Xunta de Galicia para tramitar esta ley y, sobre todo, con el hecho de que las principales medidas vayan dirigidas a los ayuntamientos. El diputado socialista Luis Álvarez ha apuntado que entiende como “necesario” legislar sobre esta cuestión, aunque espera que el anteproyecto pueda ser mejorado en las próximas fases de su tramitación parlamentaria, toda vez que ya se han presentado 183 enmiendas al texto.
El parlamentario del Grupo Común da Esquerda Marcos Cal ha acusado a la Xunta de “echar balones fuera” y de “cargar contra los ayuntamientos”, ya que entiende que los problemas de sequía “tienen un carácter regional, no municipal”, por lo que estas entidades no tendrían que ser las responsables de afrontar estas cuestiones. Por su parte, el diputado del BNG Luís Bará ha señalado que la conselleira “parece que pasaba por ahí”, ya que “tras diez años en el Gobierno autonómico, la única solución es cargar a los ayuntamientos la responsabilidad de evitar las fugas cuando en 2010 prometió 823 millones para corregir este problema”.
El parlamentario del Grupo Mixto Davide Rodríguez ha lamentado que este anteproyecto de ley, cuya tramitación ve “con buenos ojos”, supone “una oportunidad perdida”, ya que estaría dejando de lado aspectos como la preservación de los ecosistemas fluviales. Por último, el diputado del PPdeG Gonzalo Trenor ha insistido en que la Xunta de Galicia “respeta la autonomía local y no invade las competencias en materia de saneamiento y abastecimiento”, que le corresponden a los municipios y, además, “son las que conocen mejor sus redes”.
